La Conferencia Episcopal Española recibirá 284 millones por la casilla de la declaración de la Renta. Un récord, con 16 millones más respecto al anterior ejercicios gracias a la mejora de la economía, a pesar de que el porcentaje de declaraciones a favor ha descendido casi un punto (el 32,4% esta vez). En cualquier caso, la Iglesia es la única entidad del país que se somete cada año a un referéndum popular del que sale algo más que airosa.
En medio de una secularización galopante y con unas cuantas campañas políticas en contra para retirar la ‘x’ del IRPF, supone un acicate para redoblar los esfuerzos en aras de la transparencia del destino de estos fondos a golpe de auditorías externas, austeridad en la gestión y con los últimos como inversión preferencial.
Esta apuesta se revela como la premisa fundamental para tumbar desde la honestidad las tesis lanzadas por un cuestionable informe filtrado por el Tribunal de Cuentas, más propio de un argumentario mitinero que de una entidad que busca velar por la correcta administración de los bienes. A medida que la Iglesia tenga las cuentas claras, menos margen de maniobra se dará precisamente para un ajuste de cuentas.
