La cumbre de los países amazónicos realizada en Belém, estado de Pará, al noreste de Brasil, el 8 y 9 de agosto, organizada por Lula da Silva, presidente de la República, y en la que ha participado la vicepresidenta del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha mostrado “las costuras” de una política fallida en materia de protección medioambiental y derechos indígenas en el país petrolero.
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Así ha denunciado el capítulo nacional de la Red Eclesial Panamazónica (Repam), junto con otras organizaciones sociales, que advierten de la grave crisis ambiental en la región amazónica de Venezuela, que comprende los estados de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro y Apure.
Mientras Delcy Rodríguez posa para las cámaras y suscribe en nombre de Nicolás Maduro una ‘declaración de buenas intenciones’ para luchar contra el extractivismo y proteger a los pueblos indígenas, la realidad es otra.
Orinoco: Arco minero de la destrucción
Por ejemplo, el arco minero del orinoco es una de las iniciativas “más depredadoras” emprendidas por Maduro, que no se veía desde el siglo XIX con la fiebre del caucho. Según la Repam, la minería ilegal está desbordada “sin ningún control ni orden, es un territorio sin ley donde solo prevalece la lógica del más fuerte, donde campea la violencia y el desorden”.
Advierten, basándose en datos de la organización Amazon Conservation, que la destrucción del medio ambiente es la primera gran consecuencia que “está a la vista”. Entre 2016 y 2020 se perdieron más de 140.000 hectáreas de bosques primarios en la Amazonía venezolana.
“Esta situación ha generado formas de violencia que eran desconocidas entre las formas tradicionales de organización social de los pueblos indígenas, existen enfrentamientos casi constantes en la región amazónica con la consecuente cifras de heridos, muertos y desaparecidos hechos que cada día parece ir en aumento”, lamentaron.
A esto se suma “la presión sobre los líderes indígenas”, quienes “son detenidos, amedrentados en público y en privados e incluso asesinados” como han documentado organizaciones de defensa de derechos humanos como PROVEA.
Además de la polarización entre las mismas comunidades en torno al tema minero, si bien “la gran mayoría está consciente y en contra del mismo, solo que no tienen los mecanismos para una lucha pacífica en ejercicio de sus derechos políticos ante la represión, militarización y violencias territoriales que se despliegan en la Amazonía venezolana”.
Demarcación de tierras, tarea pendiente
La Constitución de 1999 supuso un triunfo de los movimientos indígenas, porque implicaba la reivindicación de sus derechos, entre estos, la demarcación de sus territorios, pero “casi 24 años después del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, la frustración es enorme”.
Primero, las demarcaciones y titulaciones de tierras indígenas “han sido fraccionadas solo a algunas comunidades indígenas, desconociendo las solicitudes que han hecho en el ejercicio pleno de sus derechos constitucionalmente establecidos”.
En estas dos décadas del chavismo en el poder “no se ha adjudicado ni un solo centímetro de tierra a los pueblos indígenas venezolanos y en la mayoría de los proyectos que se han desarrollado en dichos territorios no ha habido la consulta previa prevista por la ley”.
Incluso, el proceso de la política de “cooptación ha generado divisiones en las comunidades indígenas muchas de las cuales, debido a la enorme pobreza se ven obligados a plegarse a las acciones de los poderosos convocantes”.
SOS en salud y educación
Si en las grandes ciudades la salud y educación están en crisis, en la Amazonía venezolana estos derechos fundamentales están en peores condiciones, de hecho, “no existen políticas públicas que proporcionen una cobertura mínima del territorio”.
Las enfermedades endémicas amazónicas “vuelven a estar a la orden del día, la morbilidad y mortalidad aumenta, debido sobre todo a la falta de acceso a los servicios básicos de salud en toda la región”. También han surgido enfermedades “asociadas a la actividad de la minería”.
Escuelas y obras emblemáticas de la educación católica, “aliadas históricamente a los pueblos indígenas, se han visto imposibilitadas a mantener sus programas educativos por la carencia de salarios dignos, materiales, infraestructura y la diáspora de personal capacitado que ha emigrado dejando con menos apoyo a los pueblos que viven en la región”.
Son problemas que los influencers extranjeros no incluyen en sus crónicas. El mito de “la Venezuela se está arreglando” cae por su propio peso en la Amazonía venezolana. La Repam y las organizaciones sociales solo guardan la esperanza de que el Estado venezolano detenga de inmediato “la minería en los territorios” como “la presencia de grupos irregulares, los cuales generan amenazas, conflictos e inestabilidad entre las comunidades”.
