Ayer, Caminando Fronteras presentó su informe de control semestral sobre la situación migratoria en nuestra frontera sur y dejó un dato que fue todo un aldabonazo en las conciencias: entres las cuatro rutas migratorias que hay desde África hasta España (la canaria, la argelina, la del Alborán y la del Estrecho), 951 personas han muerto ahogadas en la frontera sur en estos primeros seis meses de 2023. Es decir, cinco personas mueren al día en su intento de llegar a España desde el continente negro.
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En conversación con ‘Vida Nueva’, la activista Helena Maleno, fundadora y portavoz de Caminando Fronteras, clama por una sociedad solidaria, abierta y comprometida con los derechos humanos.
España y Marruecos, responsables
PREGUNTA.- Como denunciáis en el informe, España y Marruecos, lejos de trabajar por el derecho a la vida, no promueven los esfuerzos necesarios para salvar vidas en el Mediterráneo. ¿Cómo puede justificar esta omisión o falta de interés un Gobierno democrático, como el español?
RESPUESTA.- La ruta atlántica es, ahora mismo, una de las más mortíferas en el mundo. Esto forma parte de una serie de políticas que se establecen en las fronteras y que se implementan en Grecia, Italia o España basándose en una realidad: hacer morir y dejar morir es una fórmula de control migratorio.
Esto se produce por intereses económicos. El control del movimiento es uno de los grandes negocios del siglo XXI. Mueve muchísimos millones de euros y la militarización de las fronteras y la colonización con terceros países, beneficiando a muchas empresas de venta de armas, que son un gran lobby, bebe de ahí.
Además, son políticas construidas sobre el racismo institucional, que ha hecho que aumente el racismo social. Durante mucho tiempo se ha hecho una propaganda con un discurso hegemónico donde se deshumaniza al otro y se normaliza que una persona muera por cruzar una frontera.
P.- Tú misma, al igual que Open Arms en Italia, has sufrido intentos de criminalización con el falso argumento de que “colaboráis con las mafias”. ¿Qué nivel de prejuicios pueden llevar a que se persiga a quienes, precisamente, con muchos menos medios que las administraciones, tratan de salvar miles de vidas?
R.- Lo que se persigue con la criminalización de personas defensoras es atacar a la solidaridad y convertirla en un delito. En mi caso, en los dosieres policiales que pude examinar junto a mi abogada, se indicaba que yo era “una traficante sin ánimo de lucro”. Pese a no encontrar ningún beneficio en la actividad que realizaba [avisar públicamente cada vez que una embarcación con inmigrantes corre peligro de hundirse], se insistía en atribuirme ese calificativo. Por lo tanto, lo que se persigue es el propio hecho de ser solidario con esas personas, siendo un grado más allá en la deshumanización.
Conmigo buscaban un caso ejemplarizante… Por eso se pedía una pena durísima, como la cadena perpetua. Así buscaban que el resto de personas que defienden derechos en la frontera tuviesen miedo. En esos momentos, recibí el apoyo de muchas entidades de Iglesia que también están volcadas en la zona, dando comidas, acompañando en hospitales, llamando cuando una persona se está hundiendo en el mar, haciendo un certificado de nacimiento cuando un niño nace en el desierto, enterrando cuerpos en ceremonias dignas y no en fosas comunes… Es terrible que todo esto se persiga. Fue un impacto para todos.
Apoyo eclesial
P.- Cuentas con muchos apoyos entre cristianos, a nivel de personas y entidades que aprecian tu trabajo. ¿Crees que, a nivel global, en la Iglesia cala la denuncia del Papa Francisco de que es inasumible un Mar Mediterráneo que es un gigantesco cementerio?
R.- El papa Francisco ha sido clave en los últimos años en ‘acuerpar’ a las personas cristianas que están realizando labores muy complicadas de solidaridad y defensa de derechos en zonas de frontera. Se exponen a persecuciones judiciales, sin olvidar el señalamiento, la estigmatización y la persecución a nivel administrativo y con ataques físicos. Esto lo sufren muchas entidades cristianas en frontera. Algunos ataques no son tan visibles, pero tienen un impacto muy grande en su vida.
Que el Papa abriese ese camino dentro de la Iglesia ha dado alivio a muchas entidades. Para Caminando Fronteras es también clave el trabajo de esas comunidades eclesiales. Forman parte de redes que tejen solidaridad y en las que trabajamos juntos para tejer vida, pues al fin y al cabo lo que hacemos es defender la vida.
P.- ¿Temes un retroceso aún mayor de los derechos de las personas inmigrantes tras las elecciones del 23-J?
R.- La experiencia nos ha enseñado que, al final, los cambios políticos de distinto signo no han repercutido en el descenso de la muerte en la frontera o en un mayor respeto a los derechos humanos. Desgraciadamente, en todos estos años, gobierne quien gobierne, las muertes se han perpetuado en la frontera.
Pero claro que nos preocupa quiénes van a estar en el Gobierno. El racismo institucional se ha seguido sosteniendo. Se ha perdido una oportunidad de ir reconstruyendo este fenómeno, lo que habría tenido un impacto bastante importante en el racismo social. Ahora, ambos han ido aumentando.
Nos preocupa un discurso que pueda ir deshumanizando aún más a las personas que se ven expulsadas de sus países. Con el cambio climático, esta situación se puede complicar mucho en los próximos años… Hay personas en las que el odio se ha instalado en sus vidas. Son capaces de amenazar y violentar a otros seres humanos con una impunidad terrible. Esto es lo peligroso en una sociedad en la que el odio se ha instalado.
. Hay que trabajar como hormiguitas para construir unas bases sólidas para una sociedad fuerte, solidaria y en la que defendamos los derechos humanos y acabemos con este sistema de privilegios.
