Después de que en la mañana de ayer, jueves 10 de noviembre, la Plataforma por las Empresas Responsables (PER) clamara en Madrid por la aprobación inmediata de la Ley de Debida Diligencia, que obligaría a las empresas españolas a ser “responsables” de sus posibles malas prácticas en materia de vulneración de derechos humanos y de daños al medio ambiente cuando operan en el extranjero, el Ejecutivo recogió el guante y esa misma tarde se comprometió a implementarla.
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Esa misma tarde, la red, que integra a 530 entidades, de las que 16 son españolas (como Alboan, Enlázate por la Justicia, Manos Unidas o Entreculturas, de raíz eclesial), organizó un encuentro
con líderes ambientalistas de Brasil y Guatemala en la Representación de la Unión Europea en Madrid. En él estuvo Lilith Verstrynge, secretaria de Estado para la Agenda 2030, y se comprometió a “tramitar lo antes posible” la ley, que, tras ver aprobado su anteproyecto, se encuentra a la espera de ser validada en Consejo de Ministros y, posteriormente, iniciar su tramitación parlamentaria.
Contra la impunidad
Verstrynge lamentó “la impunidad con la que actúan muchas empresas internacionales” y reivindicó la necesidad de “una normativa vinculante, no meras recomendaciones”. En este sentido, recalcó que “nuestra intención es tramitar lo antes posible esta ley, por una cuestión moral y de respeto a los derechos humanos, pero también para que España sea vanguardia en esta cuestión”.
Tal y como sentenció la representante del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, impulsor principal en el Gobierno de coalición de un proyecto que afecta a muchos otros ministerios (como el de Justicia o Asuntos Exteriores), de ahí el posible retraso de un proyecto que debía haber sido debatido en el Consejo de Ministros en octubre, “no hay futuro empresarial sin respetar los límites medioambientales y los derechos humanos”.
Por el bien común
Y es que, para Verstrynge, “nuestras empresas también hacen política exterior: ¿queremos que representen a nuestro país vulnerando los derechos humanos y medioambientales o siendo bandera de ellos?”. De hecho, tal y como detalló, “en el trabajo de elaboración de la ley hemos hablado con muchas empresas que comparten esa necesidad de que exista esta normativa. Esta ley es un paso más en el camino de avanzar hacia una nueva clase empresarial española, que no viva al margen de la sociedad y cuya actividad contribuya al bien común”.
Los brasileña Carolina de Moura, activista medioambiental que denuncia los abusos de la empresa minera Vale en Minas Gerais, fue una de las personas que compartió mesa con Verstrynge. En declaraciones a Vida Nueva, reclama que “es fundamental que en la actual legislatura se apruebe rápidamente una rigurosa ley de diligencia debida empresarial”.
Deuda histórica
Teniendo en cuenta “el papel que jugó España en la colonización de América Latina, y la consiguiente deuda con los pueblos históricamente explotados, es importante que el país esté a la vanguardia y sea un ejemplo para toda Europa en cuanto a la actuación de sus empresas en materia de derechos humanos y el medioambiente”.
Como reconoce, “nos preocupa la eventual dificultad del Ministerio de Derechos Sociales y de la Agenda 2030 para articular consensos con la otra fuerza que conforma el Gobierno. No obstante, seguiremos confiando y también vigilando el progreso de este proyecto de ley”.
