“Con un cierto margen, en los últimos 20 años hemos tenido siempre investigaciones que sitúan a entre el 3% y el 5% de sacerdotes acusados, no condenados, de abusos cometidos en los últimos 75 años en varias partes del mundo”. Así se manifiesta Hans Zollner, presidente del Instituto de Antropología para Estudios Interdisciplinares sobre la Dignidad Humana y el Cuidado de la Universidad Gregoriana, ante el debate que ha surgido en la arena política española sobre la investigación de los casos de abusos en ámbito eclesial.
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Una comisión independiente
“Tenemos ya una cierta conciencia de las dimensiones del problema de los últimos 70 años en muchas partes del mundo”, asegura en una entrevista en diario ‘El País’. “La proporción no será muy distinta. Sería una gran sorpresa si fuera mayor o menor”, afirma sobre el caso español. Además de alabar la tarea periodística al respecto, apunta que “en España, en los medios principales se habla de esto desde hace solo tres años. También se podría preguntar dónde estaba la atención de la sociedad y de los medios antes. La Iglesia no está fuera de ese contexto cultural, no vive fuera de la sociedad”, asevera.
Además, Zollner defiende la opción de crear una comisión independiente como la “solución mejor respecto a una comisión solo dentro de la Iglesia o dirigida por la Iglesia. Pero Alemania, en Múnich donde la Archidiócesis pagó una compañía de abogados, el resultado fue muy crítico con la Iglesia. Es decir, también funcionó”. Y espera que algo así llegue a España ya que “sería mejor que España hiciera una comisión porque así también los estándares serían comparables”.
Centrarse en las víctimas
Una comisión independiente y no de políticos, con “gente de estima reconocida sin intereses políticos determinados ni pilotados por partidos, para tener un resultado sin prejuicios. Si está demasiado politizada, el resultado no se tendrá en cuenta”; ahora bien, advierte, “si la Iglesia no cumple con su deber, serán otros quienes lo hagan”.
Algo que no debe apartar de lo importante: “quienes deben ser protegidas son las víctimas. Hay que dar justicia a esas personas heridas. Y solo así podemos llegar a la credibilidad. Esconder lo que la gente sabe no es creíble”. Y es que, precisa, “la Iglesia no se puede medir solo con la responsabilidad jurídica. Tantos casos de abusos de la Iglesia española habrán prescrito…, no hay proceso legal posible. La Iglesia, sin embargo, debe dar signos y símbolos de que las heridas de tantas víctimas o familias que confiaron en la Iglesia serán reparadas, o habrá esa voluntad”.
