Crece la preocupación en Chocó por la agudización de la violencia en el departamento. En los últimos meses se han multiplicado los enfrentamientos de grupos armados en territorios de comunidades negras e indígenas. Lo anterior ha provocado muertes entre la población civil, amenazas, activación de minas antipersonales, confinamiento, desplazamientos forzados y una crisis humanitaria que intensifica la situación de pobreza y marginalidad impuesta a buena parte de los habitantes de la región.
Entre el fuego cruzado, las Autodefensas Gaitanistas, el ELN y la Fuerza Pública se disputan el control de lugares que han sido convertidos en puntos estratégicos para el cultivo, el procesamiento y la comercialización de coca, la tala indiscriminada de los bosques y la minería mecanizada.
Como otras formas de negocio, en medio de las dinámicas de la guerra que no cesa, estas actividades atentan contra la autodeterminación de las comunidades.
Las organizaciones étnico-territoriales y las diócesis de la Iglesia Católica que tienen jurisdicción en Chocó han reiterado su esperanza en que pueda avanzarse en una solución pacífica del conflicto armado y socio-ambiental que vive el departamento. Igualmente, a través de un comunicado dado a conocer semanas atrás, han manifestado algunos aspectos que intensifican su incertidumbre.
Frente al acuerdo de paz con las FARC, les preocupa “la falta de adecuación logística de las Zonas Veredales y Campamentarias; la tendencia recurrente en algunos sectores sociales y políticos a desconocer los acuerdos ya firmados; la falta de claridad en el desmonte de las estructuras de milicianos, tanto en zonas rurales como urbanas; y las fallas en la aplicación del capítulo étnico de los acuerdos, especialmente por el desconocimiento de las normas de consulta previa”.
En relación con el ELN, advierten acerca de la “la manera como (los guerrilleros de dicho grupo) han venido ocupando el territorio de poblaciones étnicas y sus espacios comunitarios”, lo cual, como insisten, “pone en riesgo a las mismas comunidades y a sus autoridades”.
Por otra parte, informan sobre “el avance amplio, abierto y sistemático de grupos armados ilegales con discurso y actitudes de paramilitarismo que ocupan territorios que la Fuerza Pública no logra controlar, ocasionando el sentido de desprotección de numerosas comunidades”.
Por último, señalan que “en los centros urbanos continúan los hechos de violencia y criminalidad que cobran víctimas, especialmente entre los jóvenes y sectores marginales”. Según las instituciones, “la población, en general, muestra síntomas de desespero por la inseguridad y poca efectividad de las autoridades”. Y añaden: “existen testimonios de presencia de grupos afines al paramilitarismo que controlan sectores de los centros urbanos y asumen por su cuenta acciones de ajusticiamiento, poniendo en entredicho el Estado Social de Derecho”.
Las organizaciones étnico-territoriales y la Iglesia Católica de Chocó le han exigido al Estado proteger a la población civil y recuperar el ejercicio del monopolio de las armas. Han hecho un llamado a favorecer el anhelo de paz del pueblo, la fase de implementación de los acuerdos de La Habana y la naciente negociación con el ELN. Además, han planteado que la sociedad espera resultados concretos en el control y desarticulación de bandas criminales y de paramilitares. A su parecer, el proceso de paz pierde credibilidad, mientras se percibe cierta permisividad de sectores de la Fuerza Pública y de otros organismos del Estado frente el accionar de tales grupos.
Por una nueva sociedad
En conversación con Vida Nueva, Diana Mosquera, asesora jurídica de la Diócesis de Istmina-Tadó, e integrante del equipo operativo de la Coordinación Regional Pacífico, insiste en que la búsqueda de la paz y los procesos de diálogo deben incluir la participación de la población civil. De lo contrario, según afirma, no se avanzará.
Los pueblos afro e indígenas tienen una visión de su territorio y de sus anhelos de existencia: planes de vida y de etno-desarrollo, basados en su cosmovisión. “La esperanza de la paz continúa”, afirma Diana; “sin embargo, los trabajos hacia ese propósito tienen que ser más fuertes y deben ser reorientados a lo que la comunidad quiere y no solo a lo que quieren quienes estén sentados en una mesa”.
“Seguimos siendo víctimas, porque los enfrentamientos se siguen presentando, la gente sigue siendo afectada; es un proceso de nunca acabar”, advierte. Uno de los retos que tiene por delante el departamento, según plantea, es tratar de no revictimizar a la población, que además de la guerra, sufre el hambre y el alto índice de necesidades básicas insatisfechas.
“Se debe avanzar en el proceso de construcción de una nueva sociedad, donde la gente se sienta segura y pueda construir el desarrollo sostenible de sus comunidades”. Frente a este desafío, la educación cumple un papel fundamental, ya que, en su opinión, permite generar nuevos espacios de construcción de diálogo y de convivencia pacífica; conocer nuevos mundos; construir formas de gobierno propias; suscitar planes comunitarios de etno-desarrollo y acceder a nuevas herramientas de transformación.
En regiones como el Baudó y el San Juan, donde en las últimas semanas se han agudizado la violencia y la violación de los derechos de la población civil, además de atención humanitaria, hace falta llegar a soluciones de raíz. En ambos frentes trabajan las organizaciones afro e indígenas y la Iglesia Católica del Chocó, empecinada en buscar caminos de conversión que conduzcan a un país reconciliado.
