El siglo XXI está marcado por la profundización de la ‘reprimarización’ de nuestra economía en la producción de materias primas agrícolas y minerales. Este es el resultado de la política neoliberal adoptada en toda América Latina a finales de los 80 y a lo largo de los 90. Un periodo de destrucción de parques industriales y de retirada de la participación del Estado en sectores estratégicos de nuestra economía, así como de pérdida de derechos sociales, laborales y de seguridad social. La extracción de minerales en Brasil se inserta en este contexto general de aperturas de minas, flexibilización de la legislación ambiental y minera, unido al desmantelamiento de los órganos de vigilancia y control del sector. Esto facilitó la expansión y el drástico crecimiento de esta actividad en la década del 2000.
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Una de las consecuencias de la crisis de 2008 fue la elevada inversión de capital relacionada con la minería, principalmente en la cadena del oro y el hierro. También hubo una subida de precios, provocada por la demanda china. En consecuencia, aumentaron los conflictos en los territorios, los accidentes laborales, los delitos ambientales, las contaminaciones, las roturas y/o filtraciones de los diques de residuos y, sobre todo, la evasión fiscal cometida por el sector minero.
Desde el Golpe [a la democracia] de 2016, se ha producido una profundización de los conflictos que involucran a la minería en el país, precisamente por la decisión política del Estado brasileño de incentivar la apertura de nuevas minas, reducir el valor y el monto de las multas impuestas a las empresas mineras y, especialmente, el fomento de las invasiones de territorios protegidos para las actividades mineras. Desde la campaña electoral, Jair Bolsonaro prometió que no demarcaría ni una sola tierra indígena y quilombola más, con el foco puesto en la explotación minera de estos territorios.
El mismo Bolsonaro verbalizó el 10 de octubre de 2019 que “el interés por la Amazonía no está en el indio, ni en ninguna porra de árbol. ¡Está en el mineral! […] ¿Cómo puede un país rico como el nuestro, que tiene toda la tabla periódica bajo el suelo, seguir viendo a la gente sufrir?”. Y, lamentablemente, ha construido su política de gobierno para el avance de la minería en estos territorios. Según datos publicados en septiembre de 2022 por MapBiomas, desde 2019 es la primera vez que el área de minería ilegal es superior a la de la minería industrial, siendo más del 91% de esta área concentrada en la Amazonía brasileña.
Esta concentración ha sido posible debido a los recortes presupuestales en el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), y en el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), así como al desguace de los organismos de combate e inspección. El presupuesto disponible para la supervisión de la deforestación en 2019 fue de 102 millones de reales y todavía sufrió un bloqueo de 15,6 millones.
En 2020, el recurso era aún menor, según el Proyecto de Ley de Presupuestos aprobado, se preveían 76,8 millones. Esto supuso 25,2 millones menos. Otro resultado de esta política adoptada por el gobierno de Bolsonaro fue la cantidad de conflictos que causaron muertes de pueblos indígenas. El informe Conflictos en el Campo Brasil 2021 de la Comisión Pastoral de la Tierra mostró que la minería ilegal fue el principal factor de ocurrencia de la violencia en el campo. Estos causaron el 92% de las muertes por conflictos registradas.
Responsables de conflictos
En 2019, el fenómeno que hizo que ‘el día se convirtiera en noche’, no fue un mero cambio climático ni la rotación de la Tierra provocando un eclipse, sino la libertad y la celebración por la flexibilización de la legislación ambiental llevada a cabo por el Gobierno Federal. Y en apoyo, los agricultores celebraron el ‘Día del fuego’. Un año después, la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil publicó el Mensaje sobre las quemas en territorio brasileño, en el que señalaba que “esta agresión a la ‘casa común’ resultó, en los años 2019 y 2020, en récords en la cantidad de incendios en el Cerrado (50.524 y 41.674), en el Pantanal (6.052 y 15.973) y en la Amazonía (66.749 y 71.499), totalizando, según datos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, 123.325 incendios en 2019 y 129.146 hasta el 20 de septiembre de 2020, lo que corresponde a un aumento de 5.821, destruyendo gran parte de la biodiversidad de estos biomas, amenazando a los pueblos originarios y tradicionales”, para beneficiar a las empresas mineras, madereras y al agronegocio.
No solo la minería y la quema causan conflictos. La minería industrial –‘legal’– es responsable de varios conflictos socioambientales que se producen en la región. El proyecto Grande Carajás, de la empresa minera Vale, fue el responsable directo del colapso del sistema de salud pública en Parauapebas, por no haber cesado sus actividades al inicio de la pandemia. Hydro Alunorte fue responsable de la fuga de metales pesados en Barcarena. También se descubrió la existencia de dos conductos ilegales donde se vertían estos residuos en los arroyos. Desgraciadamente, estos casos no son la excepción.
* Texto original en portugués, traducido por Luis Miguel Modino
