Con su elevado espíritu de pastor y su fina sensibilidad humana, el cardenal Pedro Rubiano identificó el problema de los altos precios de las medicinas como un atentado contra los pobres y una práctica de corrupción que la reforma de la salud no ha tocado.
El cardenal denunció que las patentes y la protección de datos dan lugar a monopolios y precios altos. Y los hechos le están dando la razón. Los medicamentos en Colombia están entre los más caros del mundo, algunos cuestan entre 10% y 70% más que en países vecinos.
El cardenal sugirió al gobierno utilizar las licencias obligatorias y las importaciones paralelas para bajar los precios. Pero su propuesta tocaba muchos bolsillos. Hubo medicinas que vendidas al doble, al triple y más del valor de venta del laboratorio, dejaron desmesuradas ganancias a droguerías y agentes y, por supuesto, a los laboratorios. Pero las cifras son tan impresionantes como los métodos utilizados para vender drogas innecesarias, como denunció el médico colombiano Germán Velásquez antiguo funcionario de la Organización Mundial de la Salud. Contó él que aunque el virus de la gripa AH1N1 era desconocido y contagioso, el proceso para declarar la pandemia no fue transparente y las decisiones de compra de vacunas fueron totalmente influenciadas por la industria. Se mantuvo, a pesar de todo, el régimen de patentes que entregó a cuatro laboratorios el monopolio de producción y venta, y vacunas que pudieron costar dos dólares se vendieron a 10 y de lotes de 94 millones de vacunas como el que compró Francia sólo se utilizaron seis millones, las demás se desecharon por inútiles. Estados Unidos incineró cuarenta millones de dosis y en Colombia se compraron dosis por 2.100 millones de pesos que, a juicio del coordinador de informaciones sobre medicamentos de la Universidad Nacional, “fue una cantidad exagerada”.
En resumen, los pacientes colombianos y el sistema de salud están en manos de esta clase de negociantes. Derogar el régimen de libertad de precios que les regaló el gobierno a los laboratorios en 2006, aprobar la propuesta de abolir patentes y de la protección de datos con exclusividad y limitar las relaciones entre la industria y los médicos, salvaría muchas vidas, aunque a los laboratorios los haría menos ricos. Pero ese capítulo falta en la reforma de la salud.
