Publicado en el nº 2.609 de Vida Nueva (Del 19 al 25 de abril de 2008).
El presidente del Banco Mundial ha sido claro en unas recientes declaraciones: “Haciendo un análisis aproximado, calculamos que una duplicación de los precios de los alimentos en los últimos tres años podría sumir aún más en la pobreza a 100 millones de personas de países de ingreso bajo. No se trata sólo de atender necesidades inmediatas, por muy importantes que sean. Se trata de asegurar que las generaciones futuras no sufran también las consecuencias”. La crisis provocada por el aumento del precio de los alimentos podría significar una “pérdida de siete años” en la lucha contra la pobreza en el mundo, ha dicho Robert B. Zoellick.
La situación mundial es preocupante y las políticas económicas de los gobiernos tienen un reto de envergadura. Mientras muchos piensan en aumentar los arsenales bélicos, hay otros para los que la prioridad es llenar los estómagos. Que estas palabras salgan de boca de este organismo no sólo le dan credibilidad al dato, sino que además, ponen el dedo en la llaga. El hambre en el mundo sigue siendo un problema y se teme que la galopante crisis económica afectará a los sectores más pobres de la población. La justicia y la solidaridad son los caminos por los que se ha de salir del círculo vicioso al que lleva una economía salvaje en la que las viejas estructuras se están desmoronando y están surgiendo nuevas fuentes de poder económico. Se necesitan nuevas soluciones de desarrollo para los países más pobres. El interrogante que se plantea al hablar de los efectos en la economía mundial “real” es qué relación vincula la agitación financiera de hoy con los esfuerzos en favor de una globalización y un desarrollo incluyentes y sostenibles, con sus efectos en quienes intentan mejorar sus condiciones de vida.
España estrena nuevo Gobierno con la crisis económica en el horizonte. Rodríguez Zapatero ha reforzado su equipo económico. Italia ha votado y ha optado por la vuelta de Berlusconi. A nadie escapan las dificultades económicas con las que se enfrentan ambos mandatarios, como el resto de los estadistas europeos. El reajuste económico puede afectar a los sectores más desfavorecidos y se teme un recorte en algunas prestaciones sociales. Siempre las crisis económicas afectan a los programas sociales. Conviene escuchar las voces morales que se alzan para evitar estos recortes y rechazar cualquier medida de este tipo. En este sentido, cabe destacar cómo en España, la Ley de Dependencia que se aprobó en la pasada legislatura -y que fue uno de los logros expuestos en campaña electoral-puede fracasar por la falta de recursos económicos. En varias autonomías el problema se agudiza, pues aumentan las listas de espera. La duda se cierne sobre quienes vieron en esta Ley una apuesta importante y quienes, ahora, temen un recorte sustancial. Es tan sólo un botón de muestra que pudiera repetirse en partidas presupuestarias destinadas a ampliar la políticas sociales. Niños, ancianos, mujeres, enfermos, discapacitados, desempleados… podrían ver recortados sus beneficios o congelados en razón de la crisis. Habrá que estar atentos.
