Publicado en el nº 2.613 de Vida Nueva (Del 17 al 23 de mayo de 2008).
El anuncio realizado por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sobre la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, ha levantado una variedad de declaraciones sobre la oportunidad o no de la misma. El Gobierno socialista se encuentra, por un lado, ante las exigencias de un sector laicista dentro del propio partido que aboga por el replanteamiento de esta ley desde una opción de “laicidad excluyente”. Según esta postura, aireada por algún medio de comunicación, con un respaldo no tan mayoritario en los órganos del partido y con no poca discusión interna, habría que eliminar toda referencia religiosa, empezando por la revisión de los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado firmados en 1979. Se trata de unos “acuerdos” -la misma palabra lo dice- en materias de tarea común para un mayor entendimiento entre ambas instituciones, atendiendo a la Constitución aprobada y sancionada un año antes, y atendiendo a la realidad social del pueblo español hoy, 30 años después. Son acuerdos sobre materias concretas y no un Concordato al uso. En este sentido, la corriente laicista, replanteando la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, lo que busca es la exclusión de lo religioso de la esfera pública y su reducción al ámbito de lo privado. Aquello por lo que apuestan ha sido superado ya en muchos lugares de Europa y olvidan la base de una sociedad que no es laica, aunque el Estado y su Constitución sean aconfesionales. Esta postura puja por imponerse en el Gobierno que, con las palabras de la vicepresidenta, lo que ha hecho ha sido abrir el debate previo a la reforma o no de la ley con motivo del 30 aniversario -en 2010-de su promulgación. Aún hay políticos socialistas, por otro lado, que consideran que “lo que no está roto no hay que arreglarlo” y que la reforma debiera ajustarse más a la nueva realidad de la sociedad española.
Junto a todo esto, está también la postura de quienes consideran que la Iglesia ha de ir buscando su propio espacio en una sociedad aconfesional que debe prepararse para un momento histórico cuando falten los fueros, sin que eso quiera decir que haya que romper los Acuerdos, considerados beneficiosos para todos, aunque revisables. Esta corriente, apoyada por destacados socialistas, incluso en el Gobierno, pretende hacer una revisión, en positivo, de esta ley para resituar lo religioso en una sociedad plural.
La Iglesia ha mantenidoun silencio respetuoso recordando la apuesta por la sana laicidad proclamada por Benedicto XVI, concepto éste que es el norte en el que se mueve su actuación. La referencia para la Iglesia, bien expresada en el Magisterio de los papas, se basa en el decreto del Vaticano II. Más allá de estos criterios, la Iglesia, que en España se adelantó pidiendo más libertad religiosa en años duros del régimen anterior, ahora renueva los mismos principios conciliares y sigue el espíritu en positivo del Papa, que ha abogado por una presencia de la Iglesia y de las iglesias en las sociedades seculares, así como de lo trascendente como un plus para el crecimiento moral de las personas y de los pueblos.
