Publicado en el nº 2.688 de Vida Nueva (del 19 al 31 de diciembre de 2009).
La reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de noviembre durante la sesión que también dio luz verde a la tramitación de la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo. El efecto mediático fue menor del esperado, pues estuvo amortiguado por el tema del aborto.
Sin embargo, esta reforma ha sido considerada por parte de muchas de las organizaciones que vuelcan sus esfuerzos en el colectivo de los inmigrantes como una auténtica “caza de brujas”. Un sentimiento de decepción embarga a muchos de los que han luchado duro para que no salieran adelante aspectos muy restrictivos de la nueva ley. Cáritas, Red Acoge y CEAR son algunas de estas asociaciones que han trabajado hasta el último instante para que esta reforma no supusiera un retroceso en muchos de sus artículos que en el borrador eran preocupantes. No se trata sólo de la integración del extranjero, objetivo mismo de la nueva norma legal, sino también de una receptividad recíproca e integración por parte del Gobierno, que tiene la obligación de armonizarla.
La criminalización del inmigrante y su reducción a mercancía y mano de obra barata –como está sucediendo en las zonas rurales a las que acude una gran cantidad de inmigrantes– son algunas de las consecuencias de esta reforma, en la que no se contemplan derechos fundamentales, como los relativos a la sanidad, a la educación no obligatoria, la justicia…También se ahonda en la ruptura de la unidad familiar, aspecto éste señalado de forma preocupante por el obispo José Sánchez, responsable de inmigración de la CEE, para quien, como se recoge en el reportaje elaborado en este número por Vida Nueva, con esta reforma sufriría la reagrupación familiar y, por tanto, su posibilidad de una integración armónica en la sociedad. En este sentido, el prelado señaló el tiempo excesivo de retención de personas (más de sesenta días) por falta de documentación, un período que
supera al que existe para otros casos de, sin duda, mayor mayor gravedad punitiva.
La Iglesia no puede permanecer en silencio ante esta realidad que se agudiza de forma especial en los actuales tiempos de crisis económica. Es cada día más alarmante el número de inmigrantes que acuden a centros eclesiales con problemas derivados de la pérdida del puesto de trabajo. Testigos de ello son Cáritas y otras organizaciones, cuyos esfuerzos se ven desbordados por la demanda. Junto a la acción, la denuncia profética necesita hoy ponerse en valor. Un Gobierno que se ufana de legislar en favor de los más débiles no puede hacerlo desmoronando la dignidad de miles de personas que llegaron en busca de una vida mejor y, una vez instalados, los deja a la intemperie. Diversos grupos políticos europeos de corte conservador ya han empezado a recortar derechos a los inmigrantes y a lanzar soflamas impidiendo el tránsito libre de personas de otros países. España no puede, con leyes subliminales, contribuir a la xenofobia que lleva consigo un recorte en derechos fundamentales de toda persona, como son la vivienda, la salud y la educación; en definitiva, una vida digna.
