Publicado en el nº 2.627 de Vida Nueva (Del 13 al 19 de septiembre de 2008).
En medio de una crisis económica cada vez más preocupante, y mientras el ciudadano espera las medidas adecuadas para paliar la situación que sufren de forma directa las clases más desfavorecidas, y particularmente los colectivos de inmigrantes, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en un alarde no exento de sorpresa, incluso para un sector del propio PSOE, anunciaba la voluntad del Gobierno socialista de abrir un debate sobre la ampliación de los supuestos legales para abortar. La normativa sobre el aborto en España, aprobada en el año 1985, reformó el Código Penal. Desde entonces, la ordenanza despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: en cualquier momento de la gestación, siempre que suponga algún riesgo para la salud física o mental de la madre; durante las primeras 12 semanas, si el embarazo es resultado de una violación; o en las primeras 22 semanas si hay posibilidades de que el feto nazca con algún tipo de malformación.
Esta ley no fue derogada por el Partido Popular cuando estuvo en el poder ni por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en su primera legislatura. Tampoco quiso llevar la propuesta de cambio de un cuarto supuesto en el programa electoral de las elecciones del pasado mes de marzo, llegando incluso a comprometerse a esperar a una “mayor maduración por parte de la sociedad”. En el reciente Congreso del PSOE se le pidió, no obstante, una renovación de la ley. Pero ahora vuelve a resucitarlo, aunque sea poniendo de por medio a un comité de expertos que lucen un tinte monocorde en los planteamientos sobre el controvertido tema. Y lo hace desde el Ministerio de Igualdad y no desde el de Justicia o Sanidad.
El detalle no es baladí, pues lo plantea desde un campo discutible y hasta tendencioso, y no desde el científico o jurídico. El tema de la vida queda, así, en manos de criterios meramente sociales. Alea jacta est. La suerte está echada y se vislumbra una legislatura en la que, si no lo remedia nadie, la ampliación de los supuestos para abortar ofrecerá momentos de alta y peligrosa tensión.
La Iglesia no puede callar y debe reiterar su doctrina en defensa de la vida, desde su más nítida verdad y compromiso. No puede ni debe decir otra cosa y siempre apoyará las iniciativas en favor de la vida, sea ante el aborto o ante la eutanasia activa, otro tema éste que ha vuelto como cortina de humo sobre la mesa en estos aciagos tiempos de inclemencias económicas. El cardenal Levada abogaba en Santiago de Compostela por un mayor diálogo social antes de sacar adelante una ley tan lesiva para el derecho a la vida.
Muchos cristianos que creyeron en el talante de diálogo del Gobierno se sienten defraudados por esta iniciativa puesta en manos de un Ministerio y unos expertos situados en la misma cuerda ideológica. La Iglesia apoyará siempre la apuesta por favorecer a las madres embarazadas, por leyes que apoyen la adopción y la educación de los hijos no queridos, y por planes que abonen un tejido social en favor de la vida. Se ofrece, como siempre, a colaborar por el bien común, pero siempre estará en contra del aborto aunque se presente como cortina de humo de problemas más graves.
