Publicado en el nº 2.616 de Vida Nueva (del 7 al 13 de junio de 2008).
Esta semana ha tomado posesión de su cargo el nuevo Director General de Asuntos Religiosos, José María Contreras, responsable hasta ahora de la Fundación “Pluralismo y Convivencia”, institución del sector público estatal creada en 2004 a instancias del Ministerio de Justicia y que tiene entre sus fines el de la ejecución de programas y proyectos culturales, educativos y de integración social de las confesiones religiosas minoritarias que hayan celebrado acuerdos de cooperación con el Estado o aquellas otras con notorio arraigo. Además, entre sus objetivos está el de promover el pleno ejercicio de la libertad religiosa. El perfil buscado por el Consejo de Ministros ha recaído en un hombre de un ámbito distinto del de su antecesora, Mercedes Rico. El nuevo Director General procede de la enseñanza y la investigación de temas relacionados con la presencia de las religiones en la vida pública.
Este nombramiento pone de manifiesto, entre otras cosas, el papel que el Gobierno concede a las religiones y a su peso en una sociedad plural. La designación de un avezado estudioso del fenómeno religioso es un paso importante para el reconocimiento de la Trascendencia y su significación en el tejido social de nuestro país, independientemente de su significación social. El trabajo por la igualdad de las religiones es ya un reconocimiento a su importancia y al papel que tienen en el desarrollo de los pueblos. Es ésta una primera consideración al nombramiento llevado a cabo por el Gobierno en un momento clave en las relaciones Iglesia-Estado.
Mucho se está discutiendo sobre el desarrollo de un presunto estatuto de laicidad, cuando lo que se está hablando es simplemente de una “reforma”. No se trata de supresión del derecho de libertad religiosa, ni de denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado, ni de ruptura con la Iglesia. Hay que poner las cosas en su término justo. Solamente se habla de “reforma”. Nada habría que temer, en principio, a una simple propuesta de “reforma” de la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa. Tampoco a una probable reforma de los distintos acuerdos que se establecieron entre la Santa Sede y el Vaticano hace ahora treinta años. En las sucesivas declaraciones institucionales, y no privadas, se ha hablado de reforma ateniéndose a las nuevas realidades socio-políticas. El Estado pondrá sobre la mesa, desde su aconfesionalidad, los criterios para llevar a cabo su propuesta; y la Iglesia, con su rico aval en los campos de la enseñanza, la cultura, la atención a la pobreza o a la asistencia social, también pondrá sobre la mesa su servicio. La “reforma” que se anuncia deberá hacerse sobre lo ya avanzado. Lo contrario no sería ni adecuado ni inteligente.
Esta realidad pone sobre el tapete la urgencia de mediaciones. Urgen voces mediadoras en la Iglesia y en el Gobierno. Encerrarse en los propios posicionamientos conduce a poco. Entrar en diálogo con las instituciones facilitará la acción evangelizadora de la Iglesia. En la mesa de diálogo se podrá proponer, corregir o denunciar. Es ésta una misión que se espera del nuevo responsable de la Dirección General de Asuntos Religiosos.
