“Un año más, el reto de las migraciones nos enfrenta a escenarios tan dramáticos como evitables: imágenes de barcos naufragados y personas hacinadas en muelles. Mientras miles de personas sufren en nuestras costas, fronteras y barrios, nos hallamos a las puertas de la inminente culminación de un nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea. Un pacto que restringe todavía más el acceso al territorio de la UE, ya que establece procedimientos exprés para los solicitantes de protección internacional, permitiendo la detención de niños y familias en frontera”. De esta manera, Cáritas Española expone la situación ante el nuevo pacto europeo. “No supone ningún avance en generar verdaderas vías legales y seguras o un marco legislativo que salvaguarde derechos y ofrezca oportunidades”, explica Diego Fernández-Maldonado, miembro del equipo de orientación jurídica e incidencia política de Cáritas Española.
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Para Cáritas, la legislatura que recién comienza es también una oportunidad. “Por eso, con motivo del Día Internacional del Migrante, que se celebra el próximo 18 de diciembre, Cáritas invita a todo el arco parlamentario a trabajar juntos en un marco que facilite cauces para que las personas tengan proyectos migratorios planificados y seguros”, subraya la entidad. “Tal como se planteó en el documento de propuestas políticas presentado a todos los partidos políticos, Cáritas insta a trabajar para promover que la política migratoria y las normativas de extranjería contemplen oportunidades más allá del mercado laboral”.
Riesgo de pobreza
De esta manera, subraya que, para que esta realidad sea posible, es necesario abordar prioritariamente dos líneas de trabajo. La primera es mejorar las vías legales y seguras de acceso regular de las personas migrantes. “Contamos con algunas de ellas, pero su alcance se ve enormemente limitado, como es el caso de la reagrupación familiar. Sería necesario flexibilizar las condiciones, sobre todo en lo relativo a la vivienda, ya que la rigidez normativa no ha de anteponerse al disfrute de la vida en familia”, indica Diego Fernández-Maldonado.
La segunda está relacionada con la grave situación que viven las personas extranjeras en situación administrativa irregular en nuestro país, un estatus con escasas garantías de derechos y que se traduce en un mayor riesgo de pobreza y exclusión social.
