.


¿Cómo me afecta lo que está pasando con el Banco Popular?


Compartir

PREGUNTA.- Soy el tesorero de una asociación eclesial y estamos un poco preocupados por todo lo que estamos leyendo sobre el Banco Popular. Algunos miembros tienen, a título personal, su fondo de pensiones ahí u otros servicios. A mí me preocupa sobre todo qué puede pasar con la cuenta de la asociación: hacemos los pagos desde ahí, recibimos cuotas de socios y donaciones… ¿Pueden informarnos sobre la situación?

RESPONDE Juan-Ramón Alonso, abogado de Alter Consultores Legales.- Ningún titular de una cuenta de depósitos en Banco Popular va a soportar pérdida alguna, a pesar de la reciente enajenación forzosa de sus acciones al Banco de Santander.

Como buen gestor de un patrimonio ajeno, se comprende el interés y, hasta preocupación, del tesorero de una asociación que ha confiado sus depósitos a una entidad financiera que en los últimos meses ha sido objeto de toda clase de especulaciones, hasta el desenlace de la venta de sus títulos al Banco de Santander (previa amortización de aquellos que, hasta la noche del 6 de junio, habían estado en las manos de más de 300.000 accionistas particulares).

Con esa operación –salvo en lo judicial– terminaba la historia del Banco Popular, una entidad financiera de más de 90 años que había operado en el mercado español con tanto éxito que, durante no poco tiempo, fue considerada la más rentable de Europa.

Ciertamente, lo supo hacer mejor que nadie mientras se mantuvo fiel a ese negocio de banca comercial, superando algunas tentaciones, como las que le llegaron hace algunas décadas del sector industrial; pero sucumbió finalmente a las procedentes del sector inmobiliario hacia el 2005, que acabarían colocando en sus balances suelos, construcciones y otros activos no rentables y de difícil realización por más de 36.000 millones de euros.

En ese buen hacer de banca comercial coincidió con clientes que le serían fieles hasta los últimos momentos y con los que había simpatizado, tras percibir, con mucha agudeza, intereses y sensibilidades especiales, como es el caso de los centros docentes concertados, que necesitaban financiación más frecuente que la subvención pública trimestral, o fundaciones, asociaciones y entidades de la Iglesia Católica, que necesitaban un crédito que, frecuentemente, no estaba basado en la solvencia patrimonial, sino en la realización de una economía más tradicional y realista.

¿Cómo se ha llegado a esto?

Cuando el Banco Central Europeo, estrenando organismos como la JUR, informó de la falta de solvencia del banco o que esta podía producirse en un futuro inmediato, el Popular contaba con una plantilla de 12.000 trabajadores, 1.750 oficinas y casi 150.000 millones de activos. Y lo que no podrán explicarse con facilidad los perjudicados es que hace menos de un año hubiera pasado todas las pruebas de estrés a las que le habían sometido los supervisores.

Además, sin perjuicio de los errores cometidos, se puede comprobar una vez más que en un negocio como el bancario, basta con generar algunas diferencias en sus órganos dirigentes, negar la financiación ordinaria a la víctima puntualmente y generar desconfianza en los depositantes –que, necesariamente, terminan por retirar sus ahorros–, para hacer caer al más fuerte; y en esa dirección parece que también han trabajado unos cuantos.

Como resultado, por primera vez no habrá dinero público en el rescate, resolviéndose la crisis en el ámbito privado, y solo por aquellos que se supone participaban de los fondos propios del banco. Es decir, solo se verán perjudicados los accionistas y los titulares de bonos convertibles y deuda subordinada, que, eso sí, lo habrán perdido todo.

Al contrario, los titulares de cualquier cuenta de depósito no se verán afectados, ni mucho menos los titulares de participaciones de otros fondos de inversión, pensiones, jubilación, etc., con los que el banco tiene solo una relación de custodia.

Por otro lado, como beneficiario que especula con rentabilidades superiores al 15% está el Banco Santander, que habrá hecho suya a toda una legión de nuevos clientes, gestionará los activos inmobiliarios insuficientemente provisionados y acudirá a una ampliación de 7.000 millones, que ya parece tener cubierta –como muestra de que nada se deja a la improvisación en esa casa–.

La cifra

300.000 son los accionistas y bonistas-preferentistas por 2.000 millones de euros que, salvo reclamación, habrán perdido toda su inversión.

Puede enviar sus preguntas a: asesorlegal@vidanueva.es

Un servicio ofrecido por:
Logo Alter Consultores Legales