Según adelanta en la edición en papel Vida Nueva, tres años y medio después de su nombramiento para dirigir la Delegación Episcopal de Fundaciones del Arzobispado de Madrid, David López Royo ha cesado a principios de octubre de una actividad que le permitía tener el control sobre las 64 fundaciones diocesanas, que dan empleo a 1.300 personas y cuyos beneficios sociales, espirituales y materiales alcanzan a unas 100.000 personas.
Sin embargo, fuentes del arzobispado desvinculan este hecho de las recientes noticias que daban cuenta de una polémica venta de 14 inmuebles en el centro de Madrid, pertenecientes a una de esas fundaciones (Fusara), en una operación que está llena de interrogantes y que ha dejado en una delicada situación a parte de los inquilinos y en entredicho la imagen de la Iglesia que pastorea el cardenal Carlos Osoro.
Fin de mandato
Según las fuentes consultadas, López Royo había planteado hace meses cesar en su función como delegado debido a sus otros compromisos laborales, y teniendo en cuenta que su mandato expiraba a finales de curso. La carta de renuncia formal fue firmada a principios del mes de octubre, días antes de que el diario El País diese cuenta de una información sobre dicha venta de inmuebles de la fundación Fusara, una entidad “tutelada por la Iglesia que contaba con estos inmuebles en propiedad gracias a la herencia de dos familias adineradas”, y en cuya ejecución habían tomado parte 15 sociedades interpuestas.
Esta operación inmobiliaria fue aprobada el pasado 30 de julio previo conocimiento del patronato de la fundación, que está formado por seis personas (presidido por Osoro): cuatro eclesiásticos y dos civiles, en representación estos del Ayuntamiento de Madrid y de la Delegación del Gobierno. “Se la han jugado a don Carlos”, dicen otras fuentes consultadas, conocedoras de los entresijos y que, además, subrayan el hecho de que haya eclesiásticos que, por acción u omisión, hayan avalado esta venta.
