La Audiencia Nacional confirma el convenio colectivo firmado en 2013
BLANCA RUIZ ANTÓN | La escuela concertada está de enhorabuena. El pasado 11 de febrero, la Audiencia Nacional aprobó la legalidad del VI Convenio Colectivo de la Enseñanza Concertada que en 2013 firmaron las patronales y los sindicatos –excepto Comisiones Obreras (CC.OO.), que un año y medio después impugnó varios puntos del acuerdo–.
José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas (EC) y su patronal, Educación y Gestión (EyG), explica a Vida Nueva los principales aspectos de este documento y su repercusión en la sostenibilidad de las escuelas concertadas en España.
En España existen cerca de 9.000 colegios concertados, una alternativa a los casi 19.000 centros de enseñanza pública que, según afirma Jose María Alvira, “defiende la libertad de enseñanza reconocida en la Constitución”. Pero los centros y las plazas escolares tienen un precio que no siempre los padres pueden pagar, de ahí que el concierto se avale en parte con fondos públicos que posibilitan su acceso a todas las familias. “Si estamos en una sociedad democrática y la Constitución nos asegura esa libertad de enseñanza, debe haber fondos públicos que la avalen”, precisa Alvira.
La ratificación por parte de la Audiencia Nacional de la legalidad del VI Convenio Colectivo de la Enseñanza Concertada ha supuesto, según dice Alvira, “un triunfo en sí mismo por la sentencia y por la fundamentación jurídica que tiene”.
El secretario general de EC explica que CC.OO. había impugnado ocho puntos del convenio, algunos de ellos sin especial relevancia, pero otros eran realmente importantes. “Una de las principales dificultades que existía en la aprobación del convenio y que CC.OO. había impugnado era que los recortes por la crisis en la administración educativa, cada Comunidad Autónoma los había hecho de manera diferente en los salarios de los profesores”.
Con la ratificación del acuerdo, se consensuó que el pago delegado de los sueldos del profesorado correspondía a la administración educativa, siempre según los Presupuestos Generales del Estado, y de esta manera se evitaba que los sueldos sufrieran reducciones injustas y que el colegio debiera abonar la diferencia.
Algunos centros estaban en riesgo de quiebra
Algo parecido a la controversia con los sueldos de los profesores sucedió con la paga extraordinaria por antigüedad (por 25 años en el colegio). “Como está bajo concepto de salario, lo debe pagar la administración educativa; pero si no puede asumirlo, se aplaza el pago hasta que se tenga disponibilidad presupuestaria. Nunca hemos eliminado el derecho de los trabajadores a esta paga, simplemente se ha aplazado hasta que se tenga dinero o se llegue a un acuerdo con la comunidad autónoma correspondiente”, asegura José María Alvira, que además precisa que el hecho de que la Audiencia Nacional no haya considerado la impugnación de Comisiones Obreras se traduce de manera efectiva en una seguridad del cobro de la paga por antigüedad, “aunque sea con retraso”, afirma.
La penalización al colegio con la obligación del pago delegado, como proponía el sindicato, hubiera supuesto el ahogo y la quiebra de los centros educativos. Algo que sucedió en el País Vasco.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia dio la razón a los sindicatos sobre la responsabilidad del pago delegado, porque en su convenio no se especificaba que debían atenerse siempre a los límites de los Presupuestos Generales del Estado, y por lo tanto hacía responsable al colegio del pago de la diferencia del sueldo del profesor.
“Nosotros lo pusimos claramente y así eximimos a los centros de pagar más. A los colegios esto les ha supuesto un esfuerzo económico enorme y alguno ha tenido que cerrar por ese motivo. Se llegó al acuerdo de fraccionar ese pago, porque era imposible sacarlo adelante”, cuenta el secretario general de EC, quien respira aliviado tras la impugnación de los puntos de CC.OO., ya que, de no haber sido así, “hubiera supuesto un serio problema”.
Alvira explica que también habría traído “la eliminación de la estabilidad del sector educativo y una gran inquietud para los trabajadores”.
El secretario general de Escuelas Católicas asegura que la firma de este convenio ha sido “muy importante para conseguir la solidez del sector”. Aunque se firmó en 2013, el VI Convenio Colectivo tiene carácter retroactivo desde 2009 y validez hasta 2019. “Esto permite una gran extensión, lo único que hay que actualizar son los salarios. Y eso, sin duda, aporta estabilidad”, precisa.
En el nº 2.930 de Vida Nueva
