La Santa Sede concede un año de moratoria en la ejecución de la instrucción para adecuarse a Europa
(Marina de Miguel) La gran mayoría de los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas (ISCR) que hay en España no cumple, hoy por hoy, con las exigencias marcadas en la instrucción”. Con estas palabras, Agustín del Agua Pérez, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal de Universidades, explica a VN la razón por la que se solicitó el año de moratoria en la aplicación de la Instrucción sobre los ISCR, que acaba de conceder la Congregación para la Educación Católica. Según se anunció en la última Comisión Permanente de la CEE, los obispos recibieron una carta de la Santa Sede indicando que la instrucción, que tiene como finalidad responder a las nuevas instancias de carácter pastoral y adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior -conocido como Proceso de Bolonia- se aplicará en el curso 2010/2011 y no el próximo, como estaba previsto.
Creación de una Comisión
Con objeto de estudiar la realidad particular de cada uno de los 29 ISCR que hay en España, se ha creado una Comisión presidida por Agustín Cortés Soriano, obispo de Sant Feliu de Llobregat y presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades. Forman parte de ella Fernando Lozano Pérez, secretario técnico de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, Alfonso Fernández Benito, director del Instituto Santa María de la Archidiócesis de Toledo, en representación de los ISCR, Gonzalo Tejerina Arias, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, y Agustín del Agua, en calidad de secretario.
Estamos empezando a reunir informaciones pero, en términos generales, tienen un funcionamiento un tanto precario”, indica Del Agua. Por su parte, Gonzalo Tejerina precisa a este semanario la “gran incidencia” que el documento tendrá en España, al ser uno de los países que cuenta con más institutos teológicos: “Supone una verdadera refundación de los institutos mediante la reforma de sus Estatutos de acuerdo a varios elementos organizativos que recoge el documento mismo, a la vez que plantea el cumplimiento de algunos requisitos relativos al número de profesores estables y de alumnos. Con esta revisión profunda de los institutos particulares se busca también una reorganización geográfica general del conjunto de los existentes en la Iglesia española, elaborando con ello un ‘mapa'”.
Una de las exigencias más problemáticas es que cada centro cuente con cinco docentes estables con dedicación a tiempo pleno, uno por cada área de enseñanza. Manuel Lázaro Pulido, director y profesor de filosofía del extremeño ISCR Santa María de Guadalupe, explica a Vida Nueva la necesidad de lograr mayor flexibilidad en este aspecto: “Soy laico, me dedico a la investigación, pero tengo que dar clases en otros sitios. Por otro lado, está bien que se me exija que la gran parte de mi trabajo esté dedicada al estudio y a la investigación, pero no de forma exclusiva”.
Otros aspectos señalados son que haya dos ciclos (uno de tres años, con el que se alcanza el Bachillerato, y otro de dos, cuyo resultado es la Licenciatura), un número mínimo de alumnos (15 por curso, 75 en total), además de las infraestructuras necesarias. A juicio de Agustín del Agua, superar los requisitos del Vaticano implicará un gran esfuerzo tanto por parte de las diócesis que los albergan como por las Facultades de Teología a los que nacen vinculados.
GARANTE DEL NIVEL ACADÉMICO
La instrucción indica que la Facultad de Teología, a la cual cada instituto está vinculado, es garante ante la Congregación para la Educación Católica, respecto al nivel académico y a la idoneidad para el logro de sus finalidades. A ella, según explica Gonzalo Tejerina, se asignan tareas concretas como “el primer estudio y aprobación de los planes de estudio, de los Estatutos y del Reglamento propio, la primera valoración de la idoneidad de los docentes y la verificación de la consistencia y funcionalidad de las instalaciones materiales del instituto, en particular su biblioteca”.
De igual modo, a la Facultad se le pide también que si un instituto resultara insolvente, proponga al Gran Canciller de la misma, que es también la máxima autoridad académica del instituto, la suspensión de su actividad ante la mencionada congregación.
En el nº 2.666 de Vida Nueva.
