El histórico fallo contra el ex presidente peruano supone un triunfo de los defensores de los derechos humanos
(María Rosa Lorbés- Lima) Este tribunal declara que los cuatro cargos se encuentran probados más allá de toda duda razonable y la sentencia es condenatoria”. Lo afirmó en los prolegómenos de la fundamentación de su sentencia el juez César San Martín, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, quien declaró culpable y condenó a 25 años de cárcel a Alberto Fujimori, ex presidente de la Reública, como autor mediato del asesinato de 25 personas durante dos masacres distintas, ocurridas en 1991 y 1992, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992. Los hechos fueron perpetrados por el destacamento Colina, un escuadrón especializado integrado por miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército.
Todos coinciden en señalar, además del duro revés a la impunidad que supone, que estamos ante un fallo histórico: primero, porque se trata del primer presidente democráticamente elegido que es llevado a juicio y condenado por crímenes de lesa humanidad; histórico, sobre todo, porque las víctimas fueron personas muy humildes, incluidos menores de edad, y no es frecuente -menos aún en América Latina- que la balanza de la justicia se incline a favor de los más débiles; e histórico también, finalmente, porque la fundamentación de la sentencia explicita que ninguna de las víctimas eran miembros de Sendero Luminoso ni tenían vinculación con dicho movimiento terrorista. Un reconocimiento de inocencia que trajo una alegría adicional para los familiares de dichas víctimas, que habían asistido, dolidos pero esperanzados, a las decenas de sesiones del juicio.
Ya en 2005, una organización como Human Rights Watch describió con detalle las numerosas pruebas que entonces vinculaban a Fujimori con el destacamento Colina y sus actividades. Las mismas incluían extensos documentos oficiales y declaraciones que demostraban que tal grupo no era un operativo aislado, sino que funcionó como una estructura formal dentro del Ejército del país. Sus miembros recibían recursos y apoyo logístico de los más altos rangos del Ejército y del Servicio de Inteligencia Nacional, ambos bajo control absoluto de Fujimori.
Recurso de impugnación
Ahora bien, aunque muchos comentarios en Facebook y correos electrónicos “declaraban” espontáneamente un ‘Día de Fiesta Nacional’ minutos después de leerse la sentencia, aún no se ha dicho la última palabra. Como era de esperar, Fujimori presentó de inmediato recurso de impugnación, y el caso pasará a una segunda instancia, que, en teoría, podría revertirlo todo. Bien es cierto, sin embargo, que lo esperado y razonable es que se confirme la sentencia condenatoria, aunque quizá se reduzca la pena.
Según varias encuestas, la víspera de conocerse la sentencia, casi el 70% de ciudadanos pensaban que el ex presidente debía ser condenado. Obviamente, no era así entre los fujimoristas, quienes siempre mostraron su fe ciega en la inocencia de su líder y, hasta el momento de conocerse la sentencia, compartían la opinión generalizada de que el Tribunal mantuvo un comportamiento irreprochable y de respeto escrupuloso al proceso. Luego, una vez hecha pública la condena, declararon estar indignados y defraudados, porque “el fallo estaba politizado y respiraba odio”.
A la salida del Tribunal se produjeron enfrentamientos entre fujimoristas y familiares de las víctimas, pero fueron controlados por la policía. Mientras, la hija del acusado, Keiko Fujimori, líder del grupo político fujimorista y candidata a la presidencia para 2011, anunció que ganará las elecciones y pondrá en libertad a su padre.
Por extraño que parezca, Keiko fue la congresista más votada en el actual Congreso de la República y ocupa un lugar destacado en los sondeos de proyección para las elecciones generales de dentro de dos años. Y es que, como ocurre con los gobiernos populistas, el fujimorismo mantiene su clientela política entre los más pobres. Un porcentaje significativo, aunque minoritario, votaría otra vez por él, porque (“aunque robó y mató”) hizo obras para los más pobres: escuelas, postas médicas, puentes, etc.
Aunque no todas las primeras reacciones eclesiales a la resolución judicial fueron monocordes, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Héctor M. Cabrejos, exhortó la víspera a acatar la sentencia. El ex presidente de este organismo y miembro de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), Luis Bambarén, por su parte, declaró que “la sentencia condenatoria al ex presidente Alberto Fujimori es una ‘lección’ para que ningún gobierno pretenda violar los derechos humanos, cometiendo actos dolosos y encubriendo a sus ejecutores”. También la Vicaría de la Solidaridad de la prelatura de Sicuani, desde el sur andino, saludó la sentencia.
En el nº 2.656 de Vida Nueva.
