Llamado de atención de los obispos de Antioquia y Chocó

En el marco de la asamblea del episcopado colombiano, los obispos de las provincias eclesiásticas de Medellín y Santa Fe de Antioquia, que corresponden a los departamentos de Antioquia y Chocó, reiteraron su preocupación por las repercusiones de la explotación minera en los territorios de las comunidades bajo su cuidado.

“Suscitan en nosotros particular preocupación el alto índice de deforestación, como consecuencia de la extracción minera a cielo abierto, y las afectaciones causadas en el ambiente y en las personas por la contaminación con mercurio”, señalaron. Los prelados remitieron a investigaciones recientes según las cuales Chocó y Antioquia son los dos departamentos más afectados por la minería a cielo abierto en Colombia, un país donde cada mes se destruyen en promedio dos mil hectáreas de bosques. Citaron el Estudio Nacional del Agua realizado por el IDEAM, que calcula que 205 toneladas de mercurio terminan al año en los ríos de la nación y sostiene que 13 afluentes de Antioquia habrían recibido 100 toneladas. Y trajeron a cuenta la realidad de comunidades indígenas y afro del río Atrato (Chocó) que instauraron una acción de tutela como consecuencia de muertes de niños atribuidas a la contaminación.

Los obispos reafirmaron lo expresado en el pasado acerca de la necesidad de repensar creativamente un modelo de desarrollo que tenga como primer objetivo el respeto de la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales; que garantice la conservación del medio ambiente aprovechando sus recursos para las necesidades actuales pero protegiendo su sostenibilidad para las generaciones futuras; y que evite problemas sociales como la corrupción y la violencia.

Consecuencias sobre la vida

Entre los males que se están derivando de la minería en el ámbito social y en el aspecto cultural de sus comunidades, los obispos de Antioquia y Chocó señalan el incremento del alcoholismo y la prostitución, el abuso sexual de menores, la intensificación de la violencia, la voracidad de la codicia que desintegra al ser humano de la naturaleza y de la sociedad, la violación de derechos a territorios colectivos y la disminución de la cultura agropecuaria y piscícola.

“Se deben implementar medidas eficaces para detener el actual desastre ambiental y social”, manifestaron. “Invitamos de nuevo a los organismos del Estado colombiano, a las empresas nacionales e internacionales y a la sociedad civil a actuar decididamente para evitar que la minería mecanizada, con sus dragas y retroexcavadoras, siga destruyendo el medio ambiente y la salud de las personas en nuestro país”.

Insistieron en la necesidad de propiciar un cambio de mentalidad para que no se conciba la minería como opción privilegiada para el desarrollo económico. “Exhortamos a favorecer otras actividades para la subsistencia de los pobladores de las zonas de minería, como la agricultura, la pesca, las artesanías, el turismo ecológico, todo ello desde una auténtica valoración de la biodiversidad”.

Reiteraron que la lucha contra la minería ilegal requiere acabar con la corrupción, hacer realmente operativas las instituciones del Estado y contrarrestar la acción de los grupos armados ilegales. Igualmente, exigieron que en un eventual escenario de post-acuerdo la guerrilla de las FARC renuncie definitivamente a la minería.

Por último, con el papa Francisco proclamaron que “es necesario que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias, a menudo demasiado negativas, de la actividad minera”.

VNC