En la mañana del domingo 6 fueron expulsados del país 56 migrantes a través del convenio entre el Gobierno y la aerolínea Sky que los transportó en un vuelo a Caracas, con escala en Iquique. Este es el segundo vuelo con deportados realizado por esta empresa, siendo el primero a fines de abril pasado.
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Los 4 obispos de la provincia eclesiástica de Antofagasta difundieron el día anterior una dura declaración en la que expresan su rechazo y preocupación “por los diferentes eventos de detención, deportación y hostigamiento que ha sufrido la población migrante del Norte Grande por parte de la Administración del Estado”.
Vicios de legalidad
Agregan que desde febrero observan “con mucho pesar las situaciones de detención y deportación que han sufrido personas migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana”, y expresan alarma por el anuncio del gobierno de realizar 15 vuelos de deportación durante este año.
La deportación de 56 migrantes se realizó el domingo, como anunciaron los obispos, pese a su reclamo porque los procesos para la detención y deportación “han adolecido de importantes vicios de legalidad”, dice la declaración. “Como obispos de la Iglesia Católica en el Norte Grande pedimos el respeto al imperio de la Ley que debe regir todas las actuaciones de los organismos del Estado, más aún, cuando se trata de medidas que afectan la libertad ambulatoria de las personas que habitan el territorio nacional”, expresan.
Los obispos fundamentan sus palabras aludiendo a la nueva Ley de Migración y Extranjería e indican que se trata principalmente de ciudadanos venezolanos. “La crisis sociopolítica que experimenta Venezuela ha afectado a toda Sudamérica, afirma la declaración. Exhortamos a que se busquen caminos viables y humanitarios que permitan a Chile y el resto de los países de la región asumir la realidad que vive nuestro subcontinente”.
Actuar conforme al Derecho
En su argumentación, los obispos piden actuar conforme al Derecho y afirman que “así lo ha comprendido la Excma. Corte Suprema que ha manifestado reiteradamente la ilegalidad de los actos administrativos que expulsan a las personas migrantes y la forma en que su materialización se ha llevado a cabo”.
La declaración firmada por Ignacio Ducasse Medina, Arzobispo de Antofagasta; Moisés Atisha Contreras, Obispo de Arica; Guillermo Vera Soto, Obispo de Iquique y Óscar Blanco Martínez, Obispo de Calama, asegura que oran “para que Chile, país acogedor, sea una tierra donde los hermanos que llegan puedan seguir teniendo esperanza”
El domingo 6, mientras se procedía a la deportación de esas 56 personas, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado se hizo cargo de la declaración de los obispos cuando sostuvo que “el proceso se lleva a cabo siguiendo cada detalle de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales y además se hace, en este caso, en concordancia con las autoridades de Venezuela; siguiendo los protocolos, siguiendo las indicaciones y recomendaciones de la ONU”.
Ministro califica de ‘mitos’ las denuncias
Luego, sin mencionar a los obispos, agregó que “desde ayer hemos escuchado algunos mitos con respecto a que estas serían expulsiones ilegales, que no se ajustan a derecho, o que no respetarían tratados internacionales. Nada más lejano de la realidad”, dijo.
Para dar solidez al hecho afirmó que “hay cerca de una veintena de estas personas que están condenadas y van a conmutar sus penas con la expulsión. Son personas que estuvieron ligadas a tráfico de menores (…), tráfico de droga, hay personas condenadas también por robo con violencia”, indicó el ministro. A continuación, agregó que “por otro lado, hay personas que tienen una expulsión administrativa por haber ingresado de manera clandestina a Chile, sin haber hecho nada en prácticamente un año, un año y medio”. Y recalcó: “Tenemos que confiar en estos procesos, porque son procesos que se han ajustado a derecho”.
Mientras el Ministro hacía esas declaraciones, dirigentes de organismos humanitarios se referían también a estos hechos. En la entrada del cuartel de policía, Massiel Cárdenas, abogada de la Clínica Jurídica de Migrantes y refugiados de la Universidad Diego Portales dijo que “por cuarta vez consecutiva, el Gobierno de Chile está deteniendo sorpresivamente a personas para expulsarlas colectivamente del país sin respetar el debido proceso. Todas las personas tienen derecho a una evaluación individual de sus casos, y a quedarse en el país mientras se considera su situación migratoria. A este cuartel de la PDI (Policía de Investigaciones) y a otros del país llegaron personas que no tienen antecedentes penales como ha dicho el Gobierno”, señaló.
Recursos de amparo
En horas previas, el Servicio Jesuita al Migrante (SJM) denunciaba la expulsión y llamaba al Gobierno a frenar la acción, respetando el acceso a justicia y el debido proceso. Waleska Ureta, directora Nacional de ese divulgó el comunicado titulado “vuelos del terror” en el que afirma haber “interpuesto recursos de amparo por 12 personas que han sido detenidas, y que hoy están siendo expulsadas. Y finalmente logramos que cinco personas fueran bajadas del vuelo de hoy, lo que demuestra que no estaban todos los antecedentes para expulsarlos, lo mismo podría haber ocurrido con más si hubieran tenido acceso a representación”.
“Anoche fuimos testigos directos de cómo madres, padres y niños pequeños ingresaban a este cuartel a despedirse de personas migrantes que serán expulsadas, en una drama cruel e injusto”, lamentó Ureta.
En la misma línea, Benigna Zambrano, Directora de la Asociación Venezolana en Chile apuntó que “reiteramos el llamado al Gobierno chileno a cumplir y honrar los tratados en materia de derechos humanos y personas migrantes y refugiadas. Las personas de nacionalidad venezolana necesitan de protección internacional, no que se les devuelva a un país donde no hay condiciones para una vida digna. Este es un llamado al Estado chileno independientemente del Gobierno de turno y esperamos que, en este momento histórico que vive Chile, se tengan en cuenta los derechos de las personas migrantes con un enfoque intercultural y como parte del pueblo chileno; y que el próximo presidente o presidenta se siente en una mesa con las personas migrantes y deje de violar sus derechos”, expresó.
Como ellas, similares expresiones han hecho públicas Vanessa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes Chile y el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco. Este último señaló en un comunicado que hay cuatro casos en los que llegaron a la conclusión que se debía presentar un recurso de amparo, puesto que las detenciones fueron “ilegales”. Estas “se basaban en motivos administrativos y no penales”.
Es ante estos hechos lamentables que los obispos del Norte del país piden en su declaración “respeto al imperio de la Ley que debe regir todas las actuaciones de los organismos del Estado, más aún, cuando se trata de medidas que afectan la libertad ambulatoria de las personas que habitan el territorio nacional. Un proceder ajustado a derecho no es una opción en un Estado democrático como es la República de Chile, independiente si las personas involucradas son nacionales de otros países”.
