Las instituciones eclesiales que trabajan con migrantes en Bolivia y Chile han hecho un nuevo llamado a sus gobiernos “para que la respuesta a la migración forzada que hoy tiñe de dolor nuestros pasos y caminos fronterizos sean políticas públicas basadas en el respeto a los derechos humanos, a la libertad de tránsito y a la protección internacional. No queremos una sociedad insensible y poco solidarias”, dicen en una Carta abierta difundida recientemente.
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A las Cáritas nacionales de ambos países se suman las diocesanas de Potosí, Oruro, Calama e Iquique; el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) y la WorldVision, sede Arica.
Rostros de la migración forzada
“Por caminos peligrosos y clandestinos caminan hombres, mujeres, jóvenes y niños, con el temor constante de ser detenidos, de convertirse en víctimas de traficantes o de perder la vida en el intento. El hambre, la incertidumbre y la desesperanza, acentuados más aún por las actuales condiciones de pandemia sanitaria, son sus compañeros de viaje”, explican.
“Por años hemos visto y acompañamos los rostros de la migración forzada. También en estas últimas semanas, viendo la situación de hermanos migrantes en la frontera que compartimos Chile y Bolivia, hemos procurado ayudar y crear conciencia de esta realidad para no deshumanizarnos ni que entre nosotros se naturalice la violencia, la xenofobia, la exclusión, la explotación laboral, la trata o el tráfico o las muertes anónimas que les afectan, así no “globalizamos la indiferencia ante este drama”, como dice el Papa Francisco”, expresa la declaración.
Las organizaciones eclesiales en las diócesis de la frontera han puesto en marcha diversos programas para abastecer de alimentos, ropas, medicamentos, enseres de higiene a las familias migrantes, además les están apoyando con hospedaje, orientación legal y laboral.
Vivir con dignidad
La carta agrega que “la inacción e indiferencia no son opciones del cristiano, por el contrario, nos interpela que la aspiración de vivir con dignidad, se convierta en rechazo y violencia, que las políticas migratorias sean cada vez más restrictivas, que los pies descalzos encuentren alambres de púas, que la llegada al país de destino se convierta en militarización de fronteras, que la acogida sea sinónimo de expulsión, separación de familias y riesgo de sufrir detenciones o perder la vida”.
Estos hechos han provocado, ya en ocasiones anteriores, que estas mismas instituciones expusieran al gobierno de Chile la necesidad de que haya políticas públicas que asuman la migración. “Más allá de que guste o no la migración, es necesario asumir que es un fenómeno propio de la época y que va a seguir ocurriendo, aunque haya más o menos restricciones legales. Es un fenómeno que está y que hay que abordarlo desde la perspectiva humanitaria que es lo que plantea la carta”, afirma Lorenzo Figueroa, director de Cáritas Chile.
Figueroa agrega que lo que ahora piden es “que el gobierno agilice la ley y que incluya los principios de la migración como derecho y los cuatro verbos del Papa, además del rol de las comunidades de acogida para que reciban bien, con políticas públicas que respeten la dignidad de los inmigrantes. Asumir la noción de familia humana que requiere sean respetados los derechos de todos: nacionales e inmigrantes. Una sociedad inclusiva.”
Solidaridad regional integrada
Otro punto señalado por Figueroa es que este tema sea abordado con mirada de integración regional, por parte de los gobiernos involucrados. “El llamado a los gobiernos, dice el director de Cáritas, ha sido a tener una actitud de solidaridad regional integrada”. Este planteamiento ha sido reiterado por las organizaciones eclesiales a sus gobiernos, sobre todo en momentos críticos como lo fue, hace unos meses, el paso de venezolanos por las fronteras de Ecuador y Perú. Siempre han pedido no militarizar las fronteras.
Continuando con sus planteamientos a los gobiernos, la carta abierta difundida en estos días termina expresando que “las atribuciones de soberanía territorial de gobiernos aperturen sus fronteras a aquellos que buscan vivir en paz, en busca de la unificación de las familias y de ser una esperanza de vida.
Que los gobiernos vean en las instituciones eclesiales y no eclesiales aliados para promover soluciones sostenibles, solidarias y dignas a la migración forzada. Que se promueva la asistencia humanitaria y las expresiones de solidaridad en las poblaciones de nuestros países, pero también el respeto a las costumbres y principios propios de los territorios en los extranjeros”.
Cierran la carta con esta exclamación: “Que nuestros gobernantes dejen de ver a los migrantes como amenazas o números”.
