“Se limita la permanencia de personas en lugares de culto mediante la fijación, por parte de la autoridad competente delegada correspondiente, de aforos para las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos, atendiendo al riesgo de transmisión que pudiera resultar de los encuentros colectivos. Dicha limitación no podrá afectar en ningún caso al ejercicio privado e individual de la libertad religiosa”.
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Así reza el artículo 8 del nuevo Real Decreto del estado de alarma –aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de octubre–, en el que se reconoce la limitación a la permanencia de personas en lugares de culto. Se trata por tanto de una novedad en relación al decreto de marzo. Es decir, las iglesias no cerrarán en la segunda ola de la pandemia pese al aumento de los contagios.
Así, en el nuevo estado de alarma serán las comunidades las que decidirán las restricciones para prevenir el contagio en los templos, limitando la permanencia de personas en “encuentros religiosos atendiendo al riesgo de transmisión”, pero sin tocar “el ejercicio de la libertad religiosa”, puesto que Moncloa subraya que es necesario el respeto a la práctica “privada e individual” de la fe. Este matiz sería una tabla de salvación para parroquias y diócesis, en caso de que se intenten clausurar templos o prohibir eucaristías.
Un experto en derecho consultado por esta revista asegura que, “salvando el aforo que se establezca en cada caso, el Real Decreto del Gobierno recoge que no se podrá impedir la permanencia en el templo para oración privada”.
Es decir, “puesto que estamos hablando del ejercicio de un derecho fundamental, su ejercicio colectivo se podrá limitar por razones sanitarias (siempre debe haber una proporcionalidad a la hora de limitar derechos fundamentales), pero no el ejercicio individual. Por ejemplo, para rezar (salvando las restricciones del aforo) y, por tanto, no se podrá imponer el cierre de las parroquias por implicar la limitación del ejercicio ‘privado e individual de la libertad religiosa’”, subraya.
Sentido común
Por su parte, José María Avendaño Perea, vicario general de la diócesis de Getafe, también da por sentado que las parroquias no se cerrarán, porque “toda persona tiene el derecho al ejercicio privado y público de su fe, solo o asociado, y cerrar las iglesias sería violentar uno de los derechos fundamentales de las personas, lo que sería muy serio, puesto que alude a la libertad religiosa”.
“Para un cristiano es esencial participar en la eucaristía, pero en marzo nos pareció, por criterio pastoral, que lo más sensato era quedarnos en casa. Sin embargo, no se dejó a nadie solo, porque se continuó con la eucaristía online y la comunión a los enfermos”, explica. Y es que “el sentido común y pastoral será siempre necesario para saber qué es lo mejor para nuestro pueblo, y no podemos negar que la fe está llena de sentido común”, agrega.
