Los reparos de María Inés Delgado, religiosa bethlemita, frente a las EPS

Mientras era misionera en África, la Hna María Inés Delgado contrajo una cirrosis hepática autoinmune, que de haber sido descubierta a tiempo no hubiera implicado para ella las complicaciones y el trasplante de hígado que tuvo que vivir. De regreso a Colombia conoció de cerca la realidad de personas con obstáculos para acceder a servicios de salud necesarios para mejorar su calidad de vida. Junto a un grupo de médicos y de otras personas que, como ella, habían superado los obstáculos para ser atendidas, comenzó a pensar en hacer algo para defender los derechos de los pacientes. Así nació en 1999 la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales, que en la actualidad dirige.

A la Hna. María Inés le preocupa la construcción de la paz en un país donde la atención de la salud, en lugar de ser un servicio público a cargo del Estado, se ha convertido en un negocio. A costa de la vida e integridad de millones de personas, empresarios y políticos se lucran a expensas de un sistema delegado a las EPS que convierte a los pacientes en tramitadores de cuentas, mientras se les niegan servicios y se les violan derechos fundamentales.

Para explicar la problemática, la religiosa bethlemita expone las dinámicas concomitantes a las formas de convenio entre EPS e instituciones donde son atendidas las personas. El convenio por “capitación”, con un monto en millones definido y suministrado previamente, sólo permite atender un grupo de patologías, que no incluye a las de costo alto. Otra forma de contrato, denominado “por evento”, entra en acción cuando ante circunstancias más complejas la persona requiere atención especializada en citas y exámenes. En estos casos, la institución en convenio le cobra a la EPS tarifa plena y sujeta al paciente a que el pago sea hecho de manera anticipada. La burocracia se manifiesta en trámites que implican normalmente para la gente dos o tres meses. Un tercer modelo de contratación, denominado “por paquete”, abarca casos como el de personas que requieren un trasplante. La Hna. Delgado pone un ejemplo: Capital Salud contrata con la Santa Fe, pero el contrato no abarca el tiempo requerido para la atención integral de las personas. Éstas quedan, entonces, en una especie de limbo después de tres o cuatro meses y su calidad de vida se deteriora.

Hay EPS habilitadas que no cuentan con una red de prestadores de atención. Es un segundo fenómeno, dentro de la serie de problemáticas que componen el paisaje. Se efectúan, entonces, contratos difusos sin garantía de estabilidad en la atención.

María Inés Delgado dirige una asociación que está salvando vidas.

Las deudas de las EPS a las IPS agravan la situación. En ocasiones, por cuenta de que el pago de la entidad en mora no ha sido efectuado, se niega la atención incluida en el Plan Obligatorio de Salud al paciente: una evidente violación de derechos. Y hay más: “Supongamos que le autorizaron (atención), pero le autorizan para instituciones donde no le pueden prestar el servicio o donde no tienen los medicamentos necesarios”, explica la religiosa. Una vez más la persona queda a la deriva.

Hay quienes son remitidos de una institución a otra, indefinidamente. Citas de medicina general, que según la ley deberían otorgarse en un lapso de 24 horas, tardan entre uno y tres meses en ser concedidas. La persona enferma recurre a urgencias, en búsqueda de una solución. Allí se le estabiliza, pero no se resuelve su problema. Ésta se complica y la hace regresar. Los trámites de hospitalización duran días e incluso semanas. La Hna. Delgado sabe de casos de personas remitidas a otras instituciones no para ser hospitalizadas, sino para permanecer en unidades de emergencia.

¿Qué rige está dinámica? El afán de ganancia por parte de las empresas privadas a las cuales el Estado delegó la atención en salud, perdiendo la rectoría de lo que debiera ser una respuesta eficaz y humana a un derecho fundamental y no un negocio con ánimo de lucro. Señala la Hna. María Inés, elevando una crítica al modo de proceder de las EPS:

“Si usted tiene un negocio, usted busca rentabilidad. ¿Cómo hace para que el negocio le sea rentable? Negar servicios porque a usted le pagan por adelantado; le dan una Unidad de Pago por Capitación, una plata para que atienda a todos los afiliados. Entonces, cuando usted empieza a recortarle servicios a la gente, esos son los ahorros que usted empieza a hacer, a costa de la vida e integridad de las personas”.

Una deuda social

Entre 2012 y 2015, diversas EPS del país negaron cerca de 50 mil solicitudes, pese a que estaban orientadas a procesos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud. Más de 35 mil tecnologías dejaron de otorgarse, pese a que los pacientes que las requerían tenían todo derecho sobre ellas. Según informó la Defensoría del Pueblo, fueron interpuestas 118 mil tutelas, la mayoría de las cuales estaban orientadas a solicitar medicamentos o tecnologías que entraban dentro del plan de beneficios. En reacción a esta realidad, la Corte Constitucional ordenó a las entidades asumir la responsabilidad de sus actos y pedir perdón frente a todo el país. Para dicho fin, un acto simbólico fue llevado a cabo en Bogotá recientemente. Las cámaras de televisión no sólo registraron la ausencia de buena parte de los directores de entidades citados sino también la vehemencia con la cual la Hna. María Inés señaló en nombre de los pacientes que el mundo que les toca es muy distinto al presentado por quienes tomaron la palabra en representación de las EPS. Solo unos cuantos pidieron perdón. ¿Fue suficiente?

“El gran problema del ser humano es no querer enfrentar su propia realidad”, señala la religiosa. Sin una auténtica voluntad de cambio y de reparación por parte de los empresarios, a la Hna. María Inés le parece que las excusas son más una ofensa y una manera de degradar. A su parecer, mientras no haya una reforma del sistema de salud seguirá intacta la deuda social de quienes se han beneficiado de un orden de cosas injusto.

La misericordia, en estas condiciones, además de suponer llegar a la conciencia de los poderosos para que con sus capacidades den un giro a la situación y hagan realidad una sociedad menos inhumana, está vinculada, según la religiosa, a ponerse frente al dolor y rescatar la dignidad humana de quien es atropellado. En 18 años, la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales ha logrado salvarles la vida a muchas personas quitando barreras para que puedan acceder a una atención adecuada y a medicamentos que muchas veces se les niegan. Como parte de Pacientes Colombia, una agrupación de 152 asociaciones del país, siguen trabajando por defender los derechos de la gente, incluido el derecho que la sociedad civil tiene de una participación efectiva en las tomas de decisiones frente al sistema de salud.

Miguel Estupiñán