Desde el discurso de León XIV en el Congreso de los Diputados se ha popularizado, especialmente en redes sociales, un argumento que pretende presentar al Papa –y a la Iglesia– como alguien que predica una cosa y practica la contraria: mientras pide a los Estados una acogida digna para los migrantes, el Vaticano sanciona la entrada no autorizada con multas de hasta 25.000 euros, penas de prisión de uno a cuatro años y prohibiciones de entrada de hasta 15 años. Y, si bien es cierto que el dato legal existe, la conclusión es falsa.
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Esta idea, que ya llevaba rondando en algunos grupos de opinión algunos meses, ganó fuerza política después de que Santiago Abascal tratara de utilizar la normativa vaticana como réplica al discurso del Papa ante las Cortes Generales. Y es que, tras escuchar a León XIV en el Congreso, el líder de Vox aseguró que no veía “ninguna contradicción” entre las palabras del Pontífice y la posición de su partido en materia migratoria. “Todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos de la política práctica”, afirmó, añadiendo que a él le gustaría aplicar “la política inmigratoria del Estado vaticano, donde quien entra irregularmente con violencia, tiene cárcel”.
El argumento parece eficaz porque parte de un dato real: en diciembre de 2024, el Vaticano endureció las sanciones por el acceso no autorizado a su territorio. De hecho, el texto –firmado por el cardenal Fernando Vérgez como presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano– prevé penas de reclusión de uno a cuatro años y multas de 10.000 a 25.000 euros para quien entre en el Estado de la Ciudad del Vaticano con violencia, amenaza o engaño, o eluda fraudulentamente los sistemas de seguridad. Contempla, además, prohibiciones de entrada durante varios años.
Seguridad institucional no es control migratorio
Sin embargo, este documento vaticano no regula la inmigración en el sentido en que se usa esa palabra cuando se refiere a personas que huyen de guerras, pobreza, persecución o violencia y buscan asentarse en un nuevo país, sino que regula el acceso ilícito a un enclave institucional, diplomático y religioso de dimensiones muy limitadas, con zonas de seguridad, dependencias de gobierno, archivos, residencias oficiales y espacios de culto.
De hecho, la norma se entiende en el contexto de varios incidentes de intrusión forzada ocurridos en los últimos años, como el de un hombre que en mayo de 2023 se lanzó con su vehículo hacia el interior del Vaticano tras atravesar controles de seguridad.
Por este motivo, la comparación correcta no es “Vaticano frente a España”, sino que vendría a regular las consecuencias de colarse en zonas restringidas de un palacio presidencial, un ministerio, una embajada o en el propio Congreso de los Diputados.
Es decir, no estamos ante una norma pensada para responder a una “oleada migratoria”, ni ante una política de asilo, ni ante una regulación sobre personas extranjeras que desean trabajar, vivir o reagrupar a su familia, sino ante una norma penal de seguridad para impedir accesos violentos o fraudulentos a un enclave soberano y diplomático.
Una persona sin hogar en la plaza de San Pedro
El Vaticano no es un país receptor de migración
La Ciudad del Vaticano tiene 44 hectáreas —menos que muchos parques urbanos— y una población estable de apenas unos cientos de personas, en su mayoría vinculadas a la Santa Sede por razón de cargo, misión, servicio o empleo. No tiene un mercado laboral abierto, barrios, municipios, sistema de vivienda, escuelas públicas, sanidad ordinaria, procedimientos de regularización ni capacidad de integración social comparable a la de un Estado-nación.
Nadie migra al Vaticano como se migra a España, Italia, Alemania o Francia. Nadie llega al Vaticano en patera ni atraviesa sus fronteras para pedir construir allí una vida. No existen flujos migratorios hacia el Vaticano comparables a los que reciben los países europeos, sencillamente porque el Vaticano no es una sociedad receptora de población.
Es un Estado minúsculo creado para garantizar la independencia del Papa y de la Santa Sede. Su territorio funciona como sede de gobierno de la Iglesia católica, enclave diplomático, espacio religioso y zona de altísima concentración turística y simbólica.
Además, el Vaticano no forma parte oficialmente de la Unión Europea ni del Espacio Schengen, pero mantiene una frontera abierta de facto con Italia. En la práctica, quien llega a la Plaza de San Pedro ya ha entrado antes en territorio italiano y, por tanto, en el espacio europeo. No hay una frontera vaticana comparable a la frontera sur española, ni un sistema propio de visados pensado para gestionar entradas migratorias masivas. Por eso, presentar las normas de acceso del Vaticano como si fueran una política migratoria exportable a España es comparar realidades que no pueden compararse.
La cárcel del Vaticano, ¿existe realmente?
Otro de los elementos que suelen acompaña a este argumento es la referencia a la cárcel, en el cual también conviene matizar, ya que el Vaticano tiene un sistema judicial propio y un cuerpo de Gendarmería encargado de la seguridad del Estado. Por ello, puede detener, juzgar y condenar. Pero no cuenta con un sistema penitenciario ordinario comparable al de España o Italia.
En la práctica, las detenciones –cuando, por ejemplo, alguien se salta los sistemas de seguridad de forma violenta– se realizan en dependencias habilitadas por la Gendarmería. Sin embargo, las personas condenadas por tribunales vaticanos –si es que esto llegase a ocurrir– pueden cumplir pena en el propio Vaticano en casos muy excepcionales o ser trasladadas a cárceles italianas, según los acuerdos entre ambos Estados.
Los casos reales recientes de personas que han pasado por dependencias vaticanas son muy pocos y no tienen nada que ver con la migración. El más conocido fue Paolo Gabriele, el mayordomo de Benedicto XVI, condenado en 2012 por filtrar documentos confidenciales en el caso Vatileaks. Otro fue el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, condenado en 2016 por la filtración de documentos en el llamado Vatileaks 2. Es más, no existe un caso documentado de una persona encarcelada en el Vaticano por “migrar ilegalmente” en el sentido en que se está utilizando en redes.
Lo que dijo León XIV en el Congreso
La intervención de León XIV en el Congreso no fue una defensa de la entrada sin control en ningún territorio, sino una apelación a la dignidad humana como principio que debe orientar las leyes. Así, el Papa habló del “trágico drama migratorio” como una realidad que “interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional”. Además, señaló que esta cuestión no puede reducirse a una lectura demográfica o económica, porque constituye “una cuestión eminentemente moral y jurídica”.
“Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”, afirmó ante el hemiciclo.
Santiago Abascal en la moción de censura al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Foto: EFE
Francisco sí acogió refugiados en el Vaticano
El argumento de que el Vaticano predica lo que no practica tiene además otro problema: no es cierto. Ejemplo de ello es que, en abril de 2016, el papa Francisco visitó el campo de refugiados de Lesbos, en Grecia, uno de los símbolos de la crisis migratoria europea. A su regreso a Roma, viajó en el avión papal con tres familias sirias refugiadas, doce personas en total, entre ellas seis niños. Todas eran musulmanas y huían de la guerra.
La acogida y manutención de aquellas familias corrió a cargo del Vaticano, con la colaboración de la Comunidad de San Egidio. Meses antes, en septiembre de 2015, Francisco ya había acogido a una familia siria en el Vaticano, al mismo tiempo que pedía a las parroquias y comunidades religiosas de Europa que hicieran lo mismo.
