En una carta dirigida al director de la Red Clamor Chile, 180 personas, instituciones y organizaciones preguntan: “¿Estamos dispuestos como sociedad a convertir los lugares donde se cuida la vida en lugares donde se denuncia a las personas?”. Lo hacen debido a una indicación enviada por el gobierno a trámite legislativo que pide obligar a centros de salud y escuelas a reportar la situación migratoria de quienes acuden a ellos.
- ¿Todavía no sigues a Vida Nueva en INSTAGRAM?
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Qué es la cultura de la delación
La carta acusa que “impulsar una ‘cultura de la delación’ en servicios básicos de salud no solo vulnera la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes y el Código Sanitario, como ha reconocido la propia ministra de salud; sino que obstruye el acceso a necesidades humanas imprescindibles para la paz social. Hacer que una madre sienta temor de vacunar a su hijo o mandarlo al colegio, o que un enfermo prefiera sufrir en soledad en vez de ir a un consultorio por miedo, puede llevar a nuestra sociedad a un profundo deterioro”.
Y agregan: “Entendemos que el Estado tiene el deber de ordenar la política migratoria. Pero existe una diferencia entre regular y deshumanizar. Usar el acceso a derechos básicos como mecanismo de control daña la cohesión social y contradice los principios que nos constituyen como país”.
La carta concluye afirmando que “la dignidad humana no puede estar condicionada a un documento vigente. Pedimos a las autoridades reconsiderar estas medidas buscando caminos de orden que no sacrifiquen ese principio, protegiendo especialmente los derechos de la niñez que deben primar sobre cualquier lógica punitiva”.
Entre los firmantes está el obispo de Arica y presidente de Caritas-Chile, Moisés Atisha; el capellán del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Walker, SJ; y otras 180 personas que lo hacen a título personal o en representación de su institución u organización.
La Iglesia denuncia: obliga a romper el secreto profesional
Entrevistada por Radio Universidad de Chile, la directora Jurídica del Servicio Jesuita a Migrantes, Gabriela Hilliger, dijo que “la medida no solo representa un choque directo con los tratados internacionales suscritos por Chile, sino que colisiona abiertamente con nuestra legislación”.
Hilliger agrega que “obligar a los profesionales a romper su deber de confidencialidad y el secreto profesional amenaza con desencadenar una crisis humanitaria y sanitaria al interior del país, empujando a miles de familias vulnerables hacia la clandestinidad por el temor a ser deportadas al intentar acceder a servicios esenciales”.
“Si esto se traduce en que las personas van a tener miedo de ir a consultorios o escuelas, puede significar que haya un problema con respecto a la gestión del control de enfermedades, o que los niños no se vacunen y entren en riesgo de salud porque los padres temen ir”, explica la abogada.
Una de las mayores y más reiteradas promesas de José Antonio Kast en su campaña electoral fue que, de inmediato, controlaría la migración irregular y expulsaría a los más de 300.000 migrantes irregulares.
Algunas medidas ya se han puesto en marcha como la construcción de una enorme zanja en la frontera norte de Chile y también ya ha deportado unos 80 extranjeros en dos vuelos en lo que lleva de gobierno.
Voces disidentes en el Gobierno
Lo que plantea en esta indicación que está en discusión legislativa es que las autoridades de organismos de educación y salud estén obligadas a informar la presencia de migrantes irregulares.
En el mismo gobierno esta iniciativa ha sido recibida con incertidumbre. La ministra de salud, May Chomali (hermana del cardenal arzobispo de Santiago), dijo que los pacientes entregan sus datos “en el contexto de la atención sanitaria, y eso está resguardado por el código sanitario y por la ley de deberes y derechos de los pacientes, y eso lo vamos a defender absolutamente”.
Por su parte, Jaime Mañalich, exministro de Salud del Gobierno de Sebastián Piñera, en una columna, dice que aplicar esta indicación “sería un error grave”, porque “no solo vaciaría de contenido el derecho a la salud, sino que convertiría al consultorio en una trampa, alejando a personas enfermas del sistema con consecuencias de salud pública para toda la población” y que “las enfermedades contagiosas no respetan estatus migratorio”.
