El presidente del Gobierno ha pedido a los populares que sean “coherentes con su propia historia”
Pedro Sánchez, durante su viaje a China
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este martes la regularización de personas migrantes en situación irregular que aprobará el Consejo de Ministros y ha pedido al Partido Popular (PP) que “escuche” a la Iglesia y sea “coherente”. Y es que desde el PP “también han regularizado a inmigrantes”, ha recordado el presidente.
Así lo ha expresado en una rueda de prensa desde China, tal como recoge Europa Press, donde se encuentra de viaje oficial desde el pasado sábado, al ser preguntado por la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes que prevé aprobar hoy el Gobierno después de más de dos meses desde el anuncio del procedimiento y por la oposición de PP y Vox.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, advirtió el lunes de que su formación política usará todos los instrumentos políticos, parlamentarios y jurídicos en el ámbito nacional o europeo contra la regularización de migrantes.
En este sentido, el presidente del Gobierno ha señalado que es “evidente” que no se puede esperar “nada” de Vox “porque hace precisamente de la migración como también del feminismo, de la cuestión de género u otras muchas cosas, un elemento de polarización y de confrontación política”.
Sin embargo, Sánchez ha pedido al Partido Popular que “escuche” a la patronal y a la Iglesia Católica y que sea “coherente” con su propia historia porque los ‘populares’ “también han regularizado a inmigrantes”.
Según ha indicado el líder del Ejecutivo, lo que está haciendo el Gobierno es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en España y que es un proceso de regularización como “otros muchos a lo largo de los más de 40 años de democracia” que ha habido. “Por cierto, con administraciones también del Partido Popular”, ha subrayado.
Además, Sánchez ha añadido que el expresidente del Gobierno José María Aznar “regularizó a medio millón de inmigrantes sin derechos, sin papeles” en España. “Por tanto, no estamos haciendo nada, sino desde un punto de vista de interés económico y también de una cuestión moral, reconocer derechos a quienes hoy ya están aportando a la prosperidad y a la cohesión de nuestro país”, ha insistido.
Por otro lado, Sánchez ha argumentado que este es un proceso de regularización que ha sido demandado por “distintos actores que, por cierto, poco o nada tienen que ver con el Gobierno de España”.
“Estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de los agentes sociales, particularmente de la patronal, que nos ha pedido reconocer derechos a personas que ya están viviendo entre nosotros y que están trabajando o pueden trabajar en esas empresas porque se necesita mano de obra para continuar creciendo y para continuar en esa senda de intensa creación de empleo como estamos teniendo en este país, en España”, ha dicho.
A su juicio, la migración está contribuyendo “de manera muy decisiva” al crecimiento económico, a la creación de empleo y “a tener unas cuentas de la Seguridad Social lo más saneadas posibles para la pensión de los jubilados de hoy”, pero también para la de quienes se jubilen en el futuro.
Asimismo, considera que España es “una sociedad, como todas las sociedades occidentales”, que está sufriendo un invierno demográfico y “eso se soluciona de dos maneras, que además no son incompatibles”.
“Una, con políticas de familias que este Gobierno está impulsando, por ejemplo, la extensión de los permisos de paternidad y maternidad; y dos, con políticas de inmigración regular y eso es lo que está haciendo también este Gobierno”, ha declarado.
Sánchez ha concluido que es una política que “cuenta con el aval de muchísimos operadores tanto desde el punto de vista económico como social hasta incluso religioso”. “Creo que además hace mejor a nuestro país porque un país que reconoce derechos en lugar de recortarlos, yo creo que es un mejor país”, ha zanjado.
Un alumno se forma en el Centro de Formación Peñascal de Bilbao, que trabaja con jóvenes migrantes. Foto: Vida Nueva
El pasado mes de enero, al iniciar el Consejo de Ministros el proceso de tramitación de urgencia que culminaría con la regularización extraordinaria de más de medio millón de migrantes, Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, difundía un videomensaje en el que reconoce que el decreto “viene a solucionar una situación que en tantos municipios de España se mostraba ya como de extraordinaria dificultad”.
Al fin y al cabo, continuaba Argüello, estamos ante “personas trabajando, acudiendo a los servicios públicos y sociales, a los colegios, y encontrándose con este muro de la falta de legalización”. Por ello, el arzobispo de Valladolid considera que “es un reconocimiento de la dignidad humana, una oportunidad para colaborar en el bien común”.
También, a través de un comunicado conjunto, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) celebraban esta “medida” que supone “un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que, con su trabajo, llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aún a costa de mantenerles en situación irregular”.
Además, desde la Iglesia española se animaba ya entonces a que no cayese en el olvido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, promovida desde 2023 en buena parte por entidades eclesiales, que lograron 600.000 firmas de apoyo, busca promover una regularización extraordinaria inmigrantes que tenga una base más profunda y sólida.
