Siete de las ocho monjas cismáticas del convento burgalés de Belorado se encuentran en una “situación de vulnerabilidad social y/o económica”. Así lo ha certificado la trabajadora social del Centro de Acción Social (CEAS) de Briviesca, dependiente de la Diputación de Burgos, en un informe emitido a finales de enero a petición de la jueza que tramita la demanda de desahucio solicitado por el Arzobispado de Burgos.
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Tal y como ha podido confirmar ‘Vida Nueva’ al acceder a la documentación presentada por la trabajadora social, sobre la octava ex religiosa, no se ha podido elaborar informe alguno porque ha rechazado a someterse a la valoración de la especialista. Se trata de la abadesa defenestrada, sor Isabel de la Trinidad, de nombre civil Laura Gil de Biedma. De forma literal, el documento recoge que la líder del grupo cismático “deniega expresamente el consentimiento para la valoración y emisión del dictamen”.
Posibles vías
Esta declaración de vulnerabilidad a priori podría beneficiar a las inquilinas del convento burgalés para permanecer en su interior. Sin embargo, el abogado de las ex monjas, Florentino Aláez se muestra cauteloso: “La ley establece varías vías en caso de vulnerabilidad”. “Veremos qué efecto tiene”, comenta preguntado por una posible suspensión del proceso.
Por el momento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca, ya suspendió la vista oral prevista para abordar el caso al no haberse notificado la admisión a trámite de la demanda de desahucio a todas las exmonjas, puesto que dos de las citadas se encontraban en el monasterio de Orduña.
En paralelo, las ex religiosas han lanzado una campaña de recogida de firmas durante los próximos seis meses en la plataforma Change.org, para pedir “una solución justa que las permita seguir viviendo en el convento”. En las primeras 48 horas, han logrado 400 firmas.