La Conferencia Episcopal Española ha revisado los 34.976 registros que le atribuía el Gobierno de España. ¿Conclusión? 1.138 bienes cuya titularidad el Ejecutivo daba a la Iglesia no le pertenecen, según el contra informe hecho público esta tarde. Los obispos españoles han avisado a Pedro Sánchez hoy durante la primera visita del presidente socialista a la Casa de la Iglesia para encontrarse con el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella.
- PODCAST: Comunidades mixtas: laicos y religiosos
- ¿Quieres recibir gratis por WhatsApp las mejores noticias de Vida Nueva? Pincha aquí
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
En concreto, el Episcopado ha verificado de manera correcta un total de 32.401 bienes inmatriculados por las 70 diócesis durante la ley hipotecaria del Gobierno de José María Aznar. A los 1.138 bienes que no le pertenecen se suman 691 adquiridos por métodos diferentes a la certificación (compraventa, donación, permuta, herencia, etc.) entre 1998-2015 y 746 bienes inmatriculados por otros títulos anteriores al mismo período.
De los 1.138 las casuísticas son dispares y los obispos las han clasificado en seis diferentes: bienes que pertenecen a comunidades religiosas, otras entidades religiosas u otra confesión (84), registros duplicados (111), bienes sobre los que faltan datos para su identificación (608); bienes sobre los que no consta inmatriculación (31), bienes sobre los que se detectan errores o no consta en la diócesis información sobre los mismos (28) y bienes que no son propiedad de la Iglesia por estar vendido, donado, expropiado, por pertenecer a ayuntamientos o por error de inscripción de propiedad (276).
Garajes, terrenos y fincas
Entre los bienes equivocados abundan los garajes, terrenos y fincas, pero ningún bien de los utilizados frecuentemente como bandera para alentar la supuesta mala praxis de la Iglesia a la hora de haber realizado dichas inmatriculaciones.
¿Qué ocurre a partir de ahora con estas propiedades? Es de suponer que si no se reconocen como bienes propios de la Iglesia, corresponderá al Estado dilucidar quién es el dueño. Será el Ejecutivo quien ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia se ha comprometido a colaborar en la medida de lo posible para facilitar estos procesos.
