En este 2026 se cumplen veinte años de la aprobación de la Ley de Dependencia, un hito en materia social, ya que la atención a la dependencia dejó de ser un conjunto de programas asistenciales para convertirse en un derecho reconocido legalmente junto a otros como la sanidad, la educación o las pensiones.
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Además, introdujo una perspectiva novedosa, al no centrarse únicamente en el cuidado a la persona vulnerable, sino poniendo el foco en la promoción de su autonomía personal, amén de establecer los principios de universalidad, equidad, accesibilidad, atención integral y personalización.
En estas dos décadas, la aplicación de la normativa ha permitido dar pasos al frente, no solo para profesionalizar los cuidados y para compensar de alguna manera a los cuidadores familiares, sino para dotar de recursos a personas con discapacidad, ancianos… Hoy por hoy, reciben prestaciones 1,7 millones de personas.
Sin embargo, el presupuesto es harto insuficiente y las listas de espera para recibir una ayuda se multiplican, además de las desigualdades territoriales o el exceso de burocracia. Para paliar estas lagunas, el Congreso de los Diputados afronta en estos días una reforma de la normativa vigente aderezada con dosis de propaganda de unos y otros para dar luz verde a una mayor dotación presupuestaria y a una agilización de los procesos administrativos.
La familia López Martínez pasea con su hijo Manuel, que padece síndrome de Angelman. Foto: Jesús G. Feria/Vida Nueva
Entre las mejoras que podrían implementarse, se encuentra la teleasistencia o el hecho de que cada usuario pueda elegir el servicio que más se ajuste a su situación, o que la asistencia personal se pueda ofrecer más allá del entorno domiciliario, como acompañamiento para hacer la compra o ir al médico. En el aire quedan otras cuestiones sensibles, como la reducción del IVA al 4% para la vivienda o el vehículo de personas con discapacidad, la libertad de elección de centro para quienes requieren educación especial y exenciones fiscales para los enfermos de ELA.
La Iglesia, en primera línea
Si hay una institución en nuestro país que ha estado comprometida de principio a fin con cualquier realidad vinculada a la dependencia, esa es la Iglesia. Mucho antes de que se intuyera qué era el Estado del Bienestar, se multiplicaron los carismas en nuestro país que encontraron en los dependientes el rostro del Crucificado, plasmando así un compromiso configurado a lo largo de los siglos en una impagable escuela del cuidado a la luz del Evangelio.
No estaría de más que los poderes públicos reconocieran esta labor ingente. No para colgar medallas a la Iglesia, sino para aprender y caminar en dignidad. Porque son muchos los consagrados, sacerdotes y laicos que han entregado juntos lo mejor de sí por los últimos, en aras de que este nuevo refuerzo de la ley de dependencia traiga consigo, verdaderamente, invertir más para cuidar mejor.
