Hay un momento en el que una persona empieza a necesitar ayuda y la necesidad ya no entiende de expedientes, ni de trámites, ni de horarios de oficina. Puede ocurrir después de una caída, de un ingreso hospitalario o simplemente porque las capacidades que permitían vivir solo van desapareciendo poco a poco.
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“La necesidad aparece de forma inmediata porque te va mermando muchas capacidades e intentas aguantar, pero ya llega un momento que no”, explica Mar Crespo, responsable del Área de Mayores y Cuidado de la Vida de Cáritas Madrid. Aquí es donde los tiempos de espera de la Administración empiezan una carrera contrarreloj.
“En ese tiempo es en el que la persona sufre un mayor deterioro. Además, aumenta más su soledad y tiene una sobrecarga emocional”, continúa. Mientras llega la prestación, alguien tiene que hacer la compra, ayudar a levantarse, acompañar al médico, pagar unos cuidados privados, si puede permitírselos, o reorganizar una jornada laboral. Ese intervalo, dice Crespo, se convierte en “una tierra de nadie en la que existe la necesidad, pero todavía no te están llegando los apoyos”.
Una anciana en silla de ruedas en una residencia de Madrid. Foto: EFE
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia cumple 20 años este 2026 en plena reforma del sistema. El Congreso afronta desde el 16 de septiembre el último trámite de una modificación que persigue cuidados más próximos al domicilio, mayor compatibilidad entre prestaciones, menos burocracia y nuevas garantías para las personas con dependencia y discapacidad.
Entre los cambios más importantes está el blindaje por ley de que la Administración General del Estado aporte el 50% de la financiación del sistema. El movimiento llega acompañado de dinero. El Ejecutivo aprobó en junio una inyección adicional de 6.162,9 millones de euros entre 2026 y 2027 mediante un real decreto-ley ya convalidado por la Cámara Baja.
Según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, la aportación estatal alcanzará los 7.239,4 millones en 2027, el doble que en 2025. La reforma salió del Congreso en julio con la abstención del PP y el voto contrario de Vox. En septiembre, el Senado la devolvió a la Cámara Baja después de aprobarla por 235 votos a favor, ninguno en contra y 23 abstenciones, pero con decenas de modificaciones incorporadas durante su tramitación.
Un “cambio radical”
“La Ley de Dependencia fue un gran avance, porque se reconocía como un derecho para las personas. Y esto fue un cambio radical”, recuerda Crespo. Por su parte, Pilar López de la Osa, profesora de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas y directora de la Clínica Jurídica del centro académico jesuita hace una valoración similar.
“La Ley de Dependencia ha sido uno de los mayores avances sociales de las últimas décadas en España”, asegura, subrayando que esta “transformó el lenguaje público sobre autonomía, cuidados y derechos, y ha permitido que muchas personas accedan por primera vez a apoyos formales”.
Hasta 2006, buena parte de esas situaciones pertenecían casi exclusivamente a la esfera doméstica. Una persona no podía valerse por sí misma –ya fuera por edad, un accidente o enfermedad– y la respuesta dependía en gran medida de que hubiera hijos, cónyuge, hermanos o recursos económicos con los que comprar cuidados.
“La idea central fue dejar de tratar la dependencia como un asunto familiar o asistencial y pasar a reconocer que la persona dependiente tiene derecho a apoyos públicos, servicios y prestaciones”, apunta López de la Osa. Pero aquel diseño ambicioso empezó pronto a tropezar con la realidad de su ejecución.
“Se hizo visible una tensión entre el diseño –ambicioso– de la ley y la capacidad real de financiación y aplicación. El desarrollo del sistema planteó desigualdades territoriales, demoras y una dependencia fuerte de las decisiones de la Administración General del Estado y de los gobiernos autonómicos”, explica.
Residencia de la Sagrada Familia en Pinto. Foto: Jesús G. Feria/Vida Nueva
La realidad es que “este derecho no se materializa igual para todo el mundo”, matiza Crespo. Y es que solicitar el reconocimiento exige iniciar procedimientos, reunir documentos, atender notificaciones y, si algo falla, saber reclamar. Para un mayor con apoyo familiar y recursos es un proceso complejo.
Para alguien solo, enfermo y en situación de pobreza puede convertirse en una barrera. “Cuando una persona está sola o en situación de vulnerabilidad, nosotros le acompañamos, pero el ejercicio de ese derecho resulta mucho más difícil”, añade. Hay casos, asegura, en los que “es un triunfo poder llegar a conseguir la prestación o servicio que le corresponde como apoyo”.
Para Cáritas, la equidad pasa precisamente por ahí: que la vulnerabilidad que provoca una mayor necesidad de protección no termine dificultando el acceso a esa misma protección. “Ninguna persona debería ser agravada por su situación en estos largos tiempos de espera y que no tenga falta de apoyos justamente por esa situación que tiene de mayor vulnerabilidad”, lamenta Crespo.
Soluciones cercanas
Entre la solicitud y la resolución, “quien apoya es la familia, a la que también le cambia la situación. Y cuando no hay familia, ahí sí que se agravan las dificultades”, cuenta Crespo. “En ocasiones, nosotros vivimos situaciones que son los propios vecinos o entidades sociales, el voluntariado, los que están sosteniendo todo ese tiempo hasta que llega una resolución”, explica.
“Nosotros ahora, en nuestra Iglesia, estamos alerta porque las comunidades van envejeciendo. Entonces, al final, la misma comunidad tiene que acompañar a sus mayores”. En este sentido, López de la Osa considera que estos veinte años han dejado como enseñanza que la solidaridad “no puede descansar solo en el afecto privado; necesita instituciones, recursos y justicia distributiva”.
Y es que, cuando esos recursos no alcanzan, “son las entidades del tercer sector, fundaciones y asociaciones —también de carácter religioso— quienes han asumido en gran medida las carencias que el sistema público no puede por razones de financiación”.
