España ha afrontado la mayor entrada irregular de migrantes registrada en su historia. El 30 de julio, una riada de personas procedente de Marruecos cruzaba a Ceuta a nado y a pie a través de la frontera del Espigón.
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Más de 75.000 marroquíes y subsaharianos llegaron a una Ciudad Autónoma que cuenta con cerca de 83.600 habitantes. Esta avalancha humana tenía lugar tres semanas después de la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe la expulsión inmediata de quienes entren por mar, ante la falta de barreras físicas fronterizas.
Aunque este dictamen podría estar detrás de esta movilización alentada por redes sociales, el mismo día de la oleada masiva Marruecos celebraba el aniversario de la coronación de Mohamed VI y, diez días antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajaba a Argelia para reforzar relaciones. A esto hay que sumar el latente empeño del Reino alauí en lograr la soberanía de Ceuta y Melilla, con el visto bueno de la Administración Trump.
Miles de jóvenes marroquíes tratan de cruzar la valla fronteriza con Ceuta (España). Foto: EFE
En medio de este tablero geopolítico, se desata esta crisis humanitaria bajo la sombra de los migrantes usados como arma arrojadiza, con más de 150 muertos en la travesía. Si la inmensa mayoría de quienes entraron ya han vuelto a territorio marroquí, al cierre de esta revista, más de 2.500 migrantes seguían deambulando en una ciudad sin capacidad para ofrecer una mínima acogida. Eso, sin olvidar la situación de fragilidad de las mujeres y el millar de menores que ven vulnerados sus derechos ante esta falta de medios humanos y materiales.
Una población en calma
En paralelo, esta encrucijada ha puesto de manifiesto la profesionalidad de los Cuerpos de Seguridad del Estado en el rescate de los migrantes, así como la solidaridad y madurez de la población ceutí. Más allá del razonable miedo y temor a una invasión, no solo han mantenido la calma, sino que han sido capaces de no dejarse atrapar por quienes han desembarcado allí para contagiar un discurso bélico de odio y criminalización hacia el que llega de fuera.
Esa misma sensatez y generosidad es la que ha manifestado la Iglesia. Una vez más, a través de sus plataformas sociales, se ha echado a la calle para salir al rescate de tantos hambrientos y sedientos, alzando la voz en favor de su dignidad y denunciando la instrumentalización a la que ha sido sometido el fenómeno migratorio.
El propio administrador apostólico de Cádiz y Ceuta, el obispo Ramón Valdivia, se desplazó de inmediato para coordinar el dispositivo eclesial y trabajar mano a mano con los poderes públicos. Todo bajo la máxima que marcó León XIV en el ángelus posterior a la tragedia: estabilidad, justicia y paz. Un trinomio irrenunciable para no dejarse ahogar por la lógica del caos.
