El decreto establece que la medida no vulnera la libertad religiosa, sino que busca resguardar a los fieles en un recinto dotado con fuertes medidas de seguridad
León XIV en la procesión de las antorchas de Lourdes. Foto: Vatican Media
La prefectura de los Altos Pirineos ha asestado un revés organizativo a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) al prohibir que sus procesiones pisen la vía pública del municipio de Lourdes durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre de 2026.
Antes el santuario confirmó que en el interior del recinto, los lefebvrianos no podrían manifestarse públicamente como grupo tras las excomuniones por las ordenaciones fraudulentas de obispos del pasado verano.
Ahora la resolución, firmada por la prefecta Sibylle Samoyault, responde de forma contundente al clima de inseguridad actual, recordando en su escrito que “Francia es el país occidental más afectado por el terrorismo yihadista desde 2012”.
En base a este escenario, las autoridades han decidido no correr riesgos durante los actos de la peregrinación de Cristo Rey, argumentando sin tapujos que “la comunidad católica ha sido y sigue siendo uno de los objetivos privilegiados del terrorismo”.
Lejos de suponer un veto total, la autoridad gala enmarca esta ordenanza en una simple limitación espacial destinada a salvaguardar la integridad de los asistentes. Según detalla el decreto, se considera que “la devoción está más protegida cuando se ejerce en el interior del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes” –justo donde no se permiten las procesiones de los cismáticos–.
Las autoridades explican que este emplazamiento cuenta con un dispositivo permanente de seguridad inexpugnable, equipado con videovigilancia, controles de acceso y bolardos antialunizaje.
Por el contrario, aventurarse a organizar una comitiva religiosa en las calles aledañas es una línea roja para la prefectura, ya que “estos desplazamientos presentan una fuerte visibilidad que expone a sus participantes a riesgos de acciones violentas”.
El otro gran escollo que ha motivado este carpetazo institucional es la mera aritmética policial. El elevado número de fieles que se esperaba reunir en Lourdes durante la noche del sábado y la tarde del domingo hubiera exigido un amplio despliegue de seguridad, una maniobra que dejaría prácticamente al descubierto la protección ciudadana en el resto del departamento.
A esto se suma un contexto social en ebullición: el texto legal señala explícitamente que los recientes desórdenes públicos en el país, propiciados por el movimiento de estudiantes de secundaria desde principios de octubre y las manifestaciones del 17 de octubre de 2026, hacen inviable traer agentes de fuera.
Este cúmulo de factores, concluye la orden, impide por completo recurrir a refuerzos para blindar las dos manifestaciones religiosas proyectadas en la ciudad.
