Los abogados del prelado sostienen que la Fiscalía de Roma se ha basado únicamente en defectos de forma y no en la inexistencia de los delitos
La petición de archivo formulada por la Fiscalía de Roma a favor de Francesca Immacolata Chaouqui no supone, ni mucho menos, el punto final al culebrón de las presuntas intromisiones en las pesquisas vaticanas que desembocaron en la condena en primera instancia del cardenal (aunque en excedencia) Angelo Becciu y de otros nueve encausados.
Según declaraciones al diario Il Messaggero, la defensa sostiene que la documentación aportada por los fiscales italianos arroja nuevos indicios que prometen avivar la contienda en los tribunales.
El epicentro del huracán mediático y judicial recae sobre las espaldas de Genoveffa Ciferri, íntima amiga de la familia del prelado Alberto Perlasca, el testigo de cargo fundamental en el proceso que juzga la gestión de las arcas de la Santa Sede.
El equipo legal del purpurado no se ha quedado de brazos cruzados y ya sopesa impugnar la decisión del Ministerio Público. Los letrados recalcan que este intento de archivo responde a escollos estrictamente procedimentales, como la falta de una querella indispensable para tirar del hilo en el delito de estafa y la carencia de jurisdicción penal italiana, y no a que los hechos denunciados carezcan de fundamento.
En este sentido, los abogados han sido tajantes al afirmar que han descubierto nuevos y desconcertantes hechos en el sumario que acabarán traduciéndose en futuras iniciativas judiciales.
Para la defensa, el archivo por motivos de forma no rebaja la gravedad de las pruebas, subrayando que, ante la constatación de que Chaouqui intervenía en las pesquisas anticipando sus vericuetos, miran con extrema confianza a las próximas vistas.
El cariz más espinoso de este sumario lo aportan las confesiones de Ciferri, una pensionista que ha sido en el pasado asesoraba externa de los servicios de inteligencia italianos en materia de geopolítica.
La mujer relató a los fiscales cómo tuvo noticia por la prensa de la denuncia interpuesta por el propio Becciu para esclarecer la supuesta colaboración de Chaouqui con altos mandos de la Gendarmería y promotores de justicia del Vaticano durante el año 2020.
El núcleo de su testimonio desgrana el modo en que Chaouqui la utilizó como puente para sonsacar información a Perlasca. Ciferri reconoció que jamás reveló al prelado quién movía realmente los hilos de aquellas charlas, escudándose en que sabía que Perlasca jamás habría aprobado un acercamiento semejante debido a la pésima reputación de Chaouqui intramuros del Vaticano.
Para perpetrar el engaño, la propia Chaouqui le sugirió que atribuyera la autoría de las preguntas a una fuente ficticia, concretamente a un viejo magistrado jubilado que colaboraba codo con codo con los investigadores vaticanos. Ciferri mordió el anzuelo, deslumbrada por la asombrosa precisión con la que Chaouqui le suministraba información muy detallada sobre las investigaciones en curso y la instrucción procesal.
Hoy, con la perspectiva del tiempo y los chats de su teléfono como aval, la exasesora admite sin ambages que es evidente que fue manipulada, ya que ella se limitaba a trasladar al monseñor vaticano las preguntas que recibía en su móvil.
La trama adquiere tintes aún más turbios al adentrarse en los manejos económicos entre ambas mujeres. Ciferri confesó haber entregado a Chaouqui alrededor de quince mil euros en efectivo procedentes de sus ahorros, canalizados a través de un amigo que ejercía como alcalde en un municipio cercano a Greccio.
El botín llegó al despacho romano de Chaouqui acompañado de varios aguinaldos navideños, entre los que destacaban un camafeo, una pulsera y un collar. Este desembolso, que según Ciferri coincidió en el tiempo con un registro de la Guardia de Finanzas por una investigación sobre mascarillas, se gestó como un préstamo del que jamás exigió su devolución.
A este cóctel de sobres y joyas se suma el controvertido episodio del restaurante romano Lo Scarpone. Ciferri relató que Chaouqui orquestó aquella cena garantizando que las más altas instancias vaticanas, incluido el Papa, estaban al corriente de la velada.
La testigo está convencida de que aquella cita no fue fruto exclusivo de la inventiva de Chaouqui, deslizando la sospecha de que otros actores movían los hilos entre bambalinas, llegando incluso a afirmar que Chaouqui residía en un inmueble de la APSA –la agencia vaticana que gestiona el patrimonio– decorado con muebles sacados de un almacén de desguace del Vaticano.
Todas estas presuntas injerencias planean ahora sobre la Corte de Apelación del Vaticano, que tiene previsto retomar las audiencias a finales de octubre. Este laberinto judicial abre una enorme brecha en la credibilidad de las pesquisas, erigiéndose como un reto mayúsculo de transparencia procesal para el pontificado de León XIV en uno de los procedimientos más controvertidos de los últimos años.
