Los obispos ingleses, “profundamente alarmados” ante el hecho de que se pueda abortar incluso “durante el parto”

Aunque, desde los años 60, el aborto está despenalizado en el Reino Unido hasta la semana 24, la Cámara de los Comunes aprobó el martes 17 de junio una enmienda (con 379 votos a favor y 317 en contra) para que, también a partir de ese momento, las mujeres que decidan acabar con sus embarazos no puedan ser castigadas penalmente. Significativamente, la medida se extiende hasta el propio momento del parto. Es decir, que la posibilidad de acabar con la vida del feto es durante los nueve meses.

Una medida que ha causado el rechazo de la Conferencia Episcopal Católica de Inglaterra y Gales, que, en un comunicado firmado por el arzobispo John Sherrington, responsable de la Comisión Episcopal para Asuntos de la Vida, ha asegurado que “estamos profundamente alarmados por esta decisión”. Una “preocupación” que “surge de nuestra compasión por las madres y los fetos”.

Causará graves daños

Como deplora el prelado, “la nueva Cláusula 1 elimina cualquier responsabilidad penal para las mujeres que se practiquen abortos por cualquier motivo y en cualquier momento, incluso antes y durante el parto”. Esta reforma legal “reduce significativamente la protección de la vida del feto y causará graves daños a las mujeres embarazadas”.

Y es que estas, considera, “serán aún más vulnerables a la manipulación, la coacción y los abortos forzados”. Sin olvidar que “este cambio legal también desalentará la consulta médica y aumentará la probabilidad de usar píldoras abortivas para abortos tardíos peligrosos en casa”.

A juicio de Sherrington, “a menudo se opta por el aborto debido a los desafíos personales que enfrenta la mujer, así como a la falta de orientación y apoyo adecuados”. Ahora, la nueva legislación “provocará que las mujeres se sientan más solas, vulnerables y aisladas”.

Pese a todo, esperanza

Sin embargo, “no podemos perder la esperanza”. En ese sentido, “la Iglesia sigue trabajando incansablemente para proteger la dignidad de cada vida. No abandonaremos a las mujeres embarazadas ni a sus hijos no nacidos en su momento más vulnerable”.

Por otro lado, mañana, viernes 20 de junio, también se debatirá en el Parlamento británico el Proyecto de Ley de Adultos con Enfermedades Terminales, por el que se busca promover la despenalización de la eutanasia. Frente a esta otra reforma jurídica, también se ha posicionado el Episcopado, en una declaración firmada por el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, y el arzobispo John Sherrington, arzobispo de Liverpool.

A juicio de ambos pastores, hay que lamentar “la precaria situación que enfrentan las residencias de ancianos y hospicios” si la ley sale adelante. Concretamente, esos centros, muchos de los cuales son de titularidad católica, verán cómo su “futuro” se pondrá “en duda”. Y más si se tiene en cuenta que “nuestro Parlamento ha rechazado las enmiendas que habrían permitido que estas instituciones no participaran en el suicidio asistido”.

Prevalecerán otros derechos

Concretamente, “el ministro Stephen Kinnock, el diputado Kim Leadbeater y otros diputados indicaron que los derechos que este proyecto de ley otorgará a las personas a solicitar el suicidio asistido y a los empleados a participar en un suicidio asistido probablemente prevalecerán sobre la misión y los valores de instituciones como hospicios y residencias de ancianos”.

Aunque iría en contra del magisterio eclesial, “es muy probable que el derecho al suicidio asistido otorgado a las personas se convierta en una obligación para las residencias y hospicios”. Por lo tanto, “tememos que este proyecto de ley afecte gravemente la prestación de asistencia social y cuidados paliativos en todo el país”.

Finalmente, “las instituciones cuya misión siempre ha sido brindar cuidados compasivos en la enfermedad o la vejez, y brindar dichos cuidados hasta el final de la vida, pueden no tener otra opción, frente a estas demandas, que retirarse de la prestación de dichos cuidados”. Es decir, que, de salir adelante la reforma, esos centros se verían obligados a cerrar con tal de no llevar a la práctica una acción rechazada de plano por la Iglesia. Una “tragedia” que “solo se puede evitar con la derrota de este proyecto de ley”.