La Seguridad Social ha notificado al arzobispado de Burgos su solicitud de devolución de una pensión abonada indebidamente en las cuentas del Monasterio de Santa Clara de Belorado. La pensión corresponde a una religiosa fallecida en abril de 2022, pero los pagos se han mantenido hasta enero de 2024.
Según fuentes del arzobispado, en enero de 2024 se comunicó a la Seguridad Social la existencia de un pago recurrente de casi 400 euros asociado al DNI de una monja ya fallecida. Como respuesta, el organismo notificó que procedería a la regularización de la situación y solicitaría el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas a la entidad bancaria receptora de los pagos.
En la notificación recibida, no se han especificado los motivos que llevaron a la continuidad de los pagos tras el fallecimiento de la religiosa, ni se ha impuesto ninguna multa o sanción al respecto. El abogado que representa a las monjas excomulgadas, Florentino Aláez, ha declarado que la comunidad religiosa desconoce lo ocurrido y no ha recibido ninguna comunicación por parte de la Seguridad Social, ni en el momento en que el Arzobispado informó del error ni ahora.
Aláez ha defendido la actuación de las religiosas, señalando que el error podría deberse a una negligencia administrativa. “Los fallecimientos quedan registrados en el Registro Civil y se comunican internamente a la Seguridad Social”, ha explicado. En abril de 2022, cuando ocurrió el deceso de la monja en cuestión, hubo tres muertes en Belorado en un corto periodo de tiempo, lo que podría haber ocasionado confusiones en la administración.
Por otro lado, el arzobispado de Burgos ha reiterado que Laura García de Viedma, exabadesa del convento de Belorado y una de las diez monjas excomulgadas, no tiene capacidad legal para realizar operaciones económicas en nombre de los monasterios de Belorado y Derio, dado que el arzobispo Mario Iceta fue nombrado comisario pontificio. En este contexto, el arzobispado ha sido informado de la venta de 1,73 kilos de oro, valorados en 130.000 euros, realizada por García de Viedma en enero de 2024 en nombre de la comunidad religiosa. La información proviene de un oficio de la Policía Nacional, que ha solicitado a la empresa compradora que no realice ninguna operación con los bienes adquiridos hasta que se acredite la titularidad legítima de la vendedora.
La sede episcopal de Burgos ha indicado que, tras recibir el aviso de la Policía, ha obtenido duplicados de siete facturas de compraventa de oro de julio y agosto de 2020, por un valor de 250.000 euros. Según la institución eclesiástica, las piezas de oro procedían de los bienes de los monasterios de Belorado y Derio, y la operación se encuentra en proceso de revisión.
El abogado de las exmonjas ha defendido que la venta de oro de 2020 se realizó cumpliendo con todos los requisitos legales y que la operación de enero de 2024 también fue una liquidación lícita de un bien previamente invertido. Sin embargo, el arzobispado mantiene su posición de que García de Viedma no tiene autoridad para gestionar los bienes del monasterio.
