El Papa de los migrantes consuela a Canarias

El 7 de enero, a 16 kilómetros de Fuerteventura, un joven magrebí fue rescatado por Salvamento Marítimo cuando se encontraba a la deriva. ¿Su salvavidas? Una rueda de camión. Cinco días más tarde, al sur de la Gomera, otro rescate. Esta vez, 126 personas, incluidos 15 menores. El 16 de enero rescataban también a pocos kilómetros de Fuerteventura una patera con 47 personas a bordo, entre ellos, cuatro menores, que son la principal preocupación del Gobierno de Canarias y las dos diócesis insulares, como pudieron exponerle el 15 de enero en audiencia al papa Francisco. En total, la comunidad autónoma tutela a 4.521 menores. Pero siguen llegando… Hombres, mujeres y niños.

Solo en estos diez últimos días, más de 1.500 personas han llegado a Tenerife, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura siguiendo la ruta atlántica, que se ha convertido en una de las más mortíferas del mundo, con 16 fallecidos diarios. Según la ONG Caminando Fronteras, 6.007 personas fallecieron en esta ruta el pasado año, de los que 384 eran menores. En total, 128 naufragios y al menos 80 embarcaciones desaparecidas.

Si 2023 se cerró con más de 40.000 personas llegadas a las costas canarias, el ritmo en 2024 no cesa. Mientras, la Iglesia canaria sigue volcada con los jóvenes extutelados, quienes al cumplir 18 años se quedan en la calle sin proyecto vital. En este sentido se enmarcan los proyectos que en ambas diócesis lideran varias congregaciones religiosas con el apoyo de las delegaciones de migraciones, que prestan una atención pastoral integral.

Durante la audiencia con el Pontífice, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, le presentó un informe sobre la situación migratoria en un breve encuentro de diez minutos. Posteriormente se unió, durante 30 minutos, el resto de la delegación, formada por el vicepresidente, Manuel Domínguez; la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto; y la titular de Bienestar Social, Candelaria Delgado. Asimismo, también asistieron los obispos de la Diócesis de Tenerife –que incluye esta isla, La Palma, La Gomera y El Hierro–, Bernardo Álvarez; el obispo de la Diócesis de Canarias –que incluye las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura–, José Mazuelos; y su auxiliar, Cristóbal Déniz, quienes al término del encuentro también estuvieron a solas con Francisco y pudieron entregarle el informe migratorio elaborado en conjunto.

Este detalla los seis principales desafíos tanto para las administraciones públicas como las diócesis, que luego compartieron durante hora y media con los miembros del Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral. A posteriori, estuvieron en la Embajada de España ante la Santa Sede, donde pidieron a Isabel Celaá apoyo para conseguir que “las comunidades autónomas puedan acoger, porque nosotros estamos desbordados”, reconoce Álvarez en conversación con Vida Nueva.

Ceder espacios

Según el informe al que ha tenido acceso esta revista, el primer desafío son los menores y ex tutelados. “Nuestra principal preocupación son los menores, abandonados por el Gobierno central. Y los ex tutelados, que cuando cumplen los 18 años se quedan en la calle sin nada. Son los pobres de los pobres y estamos con ellos, dándoles la mano, porque ellos no aparecen en ninguna estadística, pero ahí están”, afirma Mazuelos en declaraciones a este semanario. En este sentido, la colaboración entre el Gobierno regional y las diócesis es vital. Por eso, ya se ha puesto a disposición del Gobierno regional un centro de los Franciscanos de la Cruz Blanca en Gran Canaria y otro inmueble en Lanzarote.

Por su parte, la Diócesis de Tenerife ha cedido parte del seminario para acoger a 400 migrantes. “Son gente buena, no han cometido ningún delito. El problema es que dejar a los chicos con 18 años en la calle es exponerlos a poder ser explotados a cualquier nivel”, explica el obispo de Tenerife. “Ellos solo quieren trabajar para reunir algo de dinero y enviárselo su familia. Yo siempre digo que el primer mandamiento para los africanos es la familia”, recalca.

En segundo lugar, las diócesis señalan el desafío de la reagrupación familiar en Europa, que hoy día no se está favoreciendo. En tercer lugar, el informe cita la mejora en la asistencia jurídica y, en cuarto lugar, la necesidad de combatir las’ fake news’, caldo de cultivo para discursos xenófobos. En quinto lugar, las diócesis ponen sobre la mesa la obligatoriedad de asegurar la presencia de intérpretes suficientes y que hablen las lenguas maternas de las personas asistidas. Y, por último, establecer vías regulares y seguras para que las personas puedan desplazarse sin poner en riesgo sus vidas.

En este sentido se enmarcan dos proyectos: Hospitalidad Atlántica y Corredores de Hospitalidad. Estos últimos buscan trasladar a jóvenes ex tutelados y otros colectivos vulnerables desde las islas a la Península. “Algunas diócesis ya han acogido, pero la burocracia dificulta las acogidas. Por eso, le pedimos a la Administración que a los ex tutelados se les facilite una vía para poderse formar. Tienen 18 años y mucho porvenir por delante y existen formas de ayudarles”, defiende Mazuelos. Por su parte, Hospitalidad Atlántica es la red formada por 26 diócesis de diez países para proteger a los migrantes en la ruta.