El costarricense Vernor Muñoz Villalobos, ex relator especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, es el autor del último informe de Entreculturas, dedicado a la educación inclusiva, dentro de La Silla Roja. Una campaña por la que, desde hace años, la entidad jesuita, que apoya todo tipo de proyectos educativos en decenas de países de África, Asia o América Latina, reivindica que el acceso a las aulas es el mejor modo de transformar las vidas de los niños en contextos de vulnerabilidad.
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PREGUNTA.- Por lo analizado en el informe de Entreculturas, ¿hasta qué punto los prejuicios que imperan de ciertos ámbitos de la sociedad obstaculizan el crecimiento en las aulas de niños con discapacidades?
RESPUESTA.- Ese estigma, basado en prejuicios, es el principal obstáculo estructural para estas personas, pero también, en general, para todos los alumnos, pues el resto se pierden las distintas capacidades de sus compañeros, así como su particular cosmovisión. Cuando hablamos de exclusión en las aulas, todos pensamos en la pobreza, y esta es muy importante y un factor a tener siempre en cuenta. Pero a veces nos olvidamos de que también se excluye a quienes, simplemente, tienen unas capacidades distintas a las de la mayoría.
Tenemos que caminar hacia una ciudadanía global, huyendo de modelos educativos que provienen de patriarcados excluyentes y asentándonos en la protección y promoción de los derechos humanos.
Etapa postpandemia
P.- Desde una mirada mucho más global, ¿cómo percibe el estado de la educación en contextos de especial vulnerabilidad en esta etapa postpandemia? ¿Estos tres años han arrebatado definitivamente a muchos menores su derecho a la educación?
R.- La pandemia ha visibilizado discriminaciones que ya estaban ahí desde mucho antes. Por supuesto, ahora han aumentado las dificultades y se ha agravado la situación para los colectivos más vulnerables, especialmente en el ámbito de la discapacidad. Por eso es clave centrarse en el profesorado, con más formación específica y más capacitación docente para saber abordar determinadas situaciones especiales en el entorno educativo.
Eso conlleva un esfuerzo presupuestario, pero lo más urgente es abordar el cambio estructural y superar la historia de segregación en la educación especial. Como decía antes, le estamos quitando a todo el entorno educativo la riqueza de matices y visiones que nos aportan las personas con capacidades diferentes. Hemos heredado un modelo educativo de la época industrial, basado en la producción, y hemos de cambiar a un sistema basado en los derechos humanos.
P.- Hace diez años, en otra entrevista con usted, alertaba a ‘Vida Nueva’ de que, en España, la educación no era un derecho “asegurado”, habiendo un 28% de los estudiantes que se veían expulsados de los sistemas educativos y más de dos millones de niños que vivían en la pobreza. Frente a ello, percibía “recortes presupuestarios” y “un proceso abierto de privatización de los servicios educativos”. ¿Cuál ha sido la evolución en esta década?
R.- Ha habido avances y retrocesos, pero la conclusión es que las personas con discapacidad no están atendidas como merecen. Es más, el sistema segregador contra estas personas goza de “buena salud”. Entre otras cosas porque sigue primando un enfoque médico, muy impuesto en el imaginario colectivo, por el que tener una discapacidad es visto como enfermedad o un problema y no como una característica.
Este cambio de paradigma es un reto a resolver. Con leyes acordes, sí, pero aún más con un cambio integral y la puesta en marcha de enfoques y prácticas con los docentes, pues aún hay grandes vacíos entre la intención y la realidad. Por ejemplo, ¿no sería significativo que docentes con discapacidades dieran clases en aulas no especiales? Sería un aporte para todos, estoy convencido.
Implicación eclesial
P.- Por su experiencia directa, ¿cuál es el papel de tantas entidades eclesiales en el apoyo, desde la educación, de la transformación de muchas sociedades en su avance hacia la consolidación de derechos humanos básicos?
R.- Todas las voces son necesarias. Y, por supuesto, la de la Iglesia lo es. Hay que comprometer a cada vez más grupos y comunidades en el reto de promover la educación integral. Son bienvenidos todos aquellos que, desde la diversidad de sus visiones, confluyen en ese derecho básico.
En el caso de Entreculturas, entidad jesuita con la que colaboro desde hace muchos años, sé que, desde su identidad religiosa, se vuelcan en esa apuesta por los valores y los derechos básicos.
P.- ¿Cuál es el estado de salud del Pacto Educativo Global que impulsa el papa Francisco y que va ganando apoyos, también en la ONU?
R.- No conozco los pormenores del proyecto, pero hay que valorar toda apuesta por defender la educación integral. Eso sí, creo que tenemos que discutir con las autoridades religiosas su mayor y necesario compromiso con la educación sexual en sus aulas.
