Los servicios jurídicos del Congreso abogan por admitir a trámite la comisión para investigar los abusos en la Iglesia

  • Los letrados, en el documento que remiten a la Mesa del Congreso, no ven inconveniente legal
  • Solo el sí del PSOE daría paso a la iniciativa que el Pleno debatiría, como pronto, el 17 de febrero

Los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados no ven inconveniente legal en que se cree una comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de Iglesia católica, tal y como han pedido Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.



Los letrados, en el documento que remiten a la Mesa del Congreso y al que ha tenido acceso Europa Press, abogan por que se admita a trámite y se remita a la Junta de Portavoces para poner fecha a su debate en el Pleno, que es el órgano que, en última instancia, debe decidir si se crean o no comisiones de investigación.

Para pasar el primer filtro de la Mesa, la solicitud debe contar con el apoyo del PSOE, ya que socialistas y Unidas Podemos suman seis de los nueve votos en el órgano de gobierno de la Cámara, siendo los otros tres del PP (dos) y Vox (uno).

Si finalmente se confirma la admisión a trámite, el siguiente paso será que la Junta de Portavoces, por mayoría, ponga fecha a su debate en sesión plenaria. En este trámite es donde han caído varias comisiones de investigación, como las propuestas para investigar la indemnización del proyecto Castor, impulsada por Compromís, o la de abusos a menores tuteladas en Comunidad Valenciana y Baleares, registrada por el PP y Ciudadanos.

Se debatirá mañana en la Mesa del Congreso

Como la próxima semana no hay Pleno por la celebración de elecciones autonómicas el 13 de febrero, el debate de la comisión sobre los abusos en la Iglesia no se celebrará en ningún caso antes del 17 de febrero. 

La Mesa del Congreso debatirá mañana si da trámite a esta petición. Si se aprobara, la Comisión estaría compuesta por cuatro representantes de cada grupo parlamentario con más de 50 diputados en la Cámara y dos del resto de grupos.

El PNV registrará su petición

Mientras, el PNV ya ha anunciado que presentará próximamente en el Congreso una iniciativa para solicitar al Gobierno que constituya “una Comisión de expertos independientes que elabore un informe sobre abusos sexuales en la Iglesia”.

Para el partido vasco, esta iniciativa tiene sentido debido a la “gravedad” de los casos de abusos y “constatada la inacción de la institución católica para realizar una investigación interna”, pues “salvo honrosas excepciones como la del obispado de Bilbao, se han negado a realizar una investigación interna que arroje luz sobre lo acontecido”.

Así, señalan que “esta, y no otra”, es la fórmula “más útil y adecuada” para realizar una investigación “exhaustiva” sobre la pederastia en la Iglesia, “lejos del ‘pimpampum’ que caracteriza a las Comisiones de Investigación en el Congreso”. Además, cree que resultará “más respetuosa con las y los afectados, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la extrema sensibilidad con la que debe ser tratado este asunto”.

Pedro Sánchez se lo piensa

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque no se cierra a la petición de su socio de coalición, no tomará una decisión hasta dialogar con las víctimas. En conversación informal con periodistas en un acto en Alcalá de Henares el pasado jueves, Sánchez no rechazó esta posibilidad ni que el Gobierno descarte adoptar alguna decisión, si bien aseguró que lo primero es hablar con las víctimas y escuchar sus testimonios. De hecho, esta cita tendrá lugar esta misma semana.

“Vamos a hablar y a construir”, dijo el jefe del Ejecutivo, que recordó ante los medios su conversación telefónica con el escritor Alejandro Palomas –Premio Nadal 2018–, quien denunciaba el miércoles pasado en la SER que con 8 años fue violado y sufrió reiterados abusos por parte de un hermano de La Salle en el colegio de Premià de Mar (Barcelona).

Un socio sorpresa de la petición de Podemos es Ciudadanos. Su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, avanzó la semana pasada que apoyarán la apertura de una comisión de investigación parlamentaria, pues se trata de un asunto “alarmante”, de claro “interés público”, sobre el que la ciudadanía tiene derecho a “conocer la verdad”.

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