La HOAC pide regular el “injusto” mercado de la energía eléctrica

Cinco millones de lámparas han iluminado calles, edificios y plazas de Madrid durante la Navidad. Mientras tanto, hay zonas y familias como la Cañada Real, en Madrid, o Almanjáyar, en Granada, que siguen a oscuras. Para la presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Maru Megina, “la clase trabajadora está viendo cómo no solo no se solucionan sus problemas laborales, sino que, además, todos aquellos bienes que deberían de ser garantizados por el Estado, como es el caso de la energía, no lo están siendo”



“Es un signo más de empobrecimiento y exclusión total”, que se suma a la crisis ocasionada por la pandemia, la precariedad laboral, la falta de empleo y, en general, “la precarización de la vida”, destaca Megina. En su particular análisis de este contexto de riesgo, la HOAC propone una solución: cambiar  una regulación actual del mercado de la energía eléctrica que califican de “injusta y abusiva”.

“Se necesita un nuevo ordenamiento del mercado que defienda ese bien común”, pues “las grandes empresas deben velar por que realmente llegue la energía a todos y llegue con un precio ajustado y asequible”, señala.

Regular el mercado

Por ese motivo, la organización católica insiste en que se cambien las regulaciones y la legislación para que las energéticas “que están produciendo y mercantilizando no continúen lucrándose a unos niveles enormes”. “Tenemos que regular un mercado que realmente sirva –continúa Megina– para poner un bien básico al servicio de toda la economía y, sobre todo, de la economía más precaria. Y eso es lo que tienen que hacer los Estados, proteger los bienes colectivos básicos, proteger a la sociedad de los que tienen ese afán de lucro porque atenta contra el bien común”.

En este sentido, recuerda al Estado su obligación de impedir que los bienes colectivos sean manipulados y que estén solo al alcance de unos pocos: “Tiene que hacer que cambien estas regulaciones y que no sean los grandes monopolios, las grandes empresas, los que decidan sobre la economía que tiene que estar al servicio del bien común”. “Tenemos que luchar por nuestros derechos, por una vida digna”, reclama Megina.

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