Tras la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA sobre la ‘Situación de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Amazonía‘, a finales de septiembre de 2019 –prácticamente en la antesala del Sínodo Amazónico–, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) solicitó a Sonia Olea Ferreras –jurista experta en derechos humanos de la Cáritas Española– “un análisis a profundidad” del documento, de modo que constituya “una verdadera herramienta para la defensa de la Panamazonía”.
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Fruto de este ejercicio, Olea Ferreras, quien también es asesora de la REPAM en el eje de derechos humanos, hace eco a las 208 páginas del informe de la CIDH, destacando su “paralelismo insoslayable” con el Documento final del Sínodo Amazónico.
Preocupante radiografía
Así se percibe en la radiografía que presenta la CIDH, en la que se destaca “el impacto producido por normas, políticas públicas y prácticas dirigidas a la extracción y explotación de recursos naturales, así como del desarrollo de megaproyectos de infraestructura o inversión sin consulta ni consentimiento libre, previo e informado”.
También la REPAM, en su Informe Regional de Vulneración de Derechos Humanos en la Panamazonía, en 2018, había advertido que “son las realidades de proyectos extractivos o de desarrollo en minería, infraestructuras, hidroeléctricas, energías e hidrocarburos los que están siendo un cotidiano obstáculo para el uso tradicional de los territorios, además de provocar la desposesión y la dificultad en el reconocimiento de su propiedad“.
A esta situación se suma “la contaminación de ríos y fuentes de agua [que]provoca una vulneración de la salud (agua y alimentación) e incluso la intoxicación permanente”.
De ahí la insistencia de la REPAM por “una respuesta urgente y necesaria” de cara al informe de la CIDH, que se traduce, propiamente, en atender la conclusiones y a las recomendaciones que presenta a los Estados.
Vulneración de los derechos de los indígenas
Al constatar que los pueblos indígenas históricamente “han sufrido y siguen sufriendo la vulneración de sus Derechos Humanos, sin respeto a su cosmovisión y con la finalidad de extraer sus recursos naturales”, se subraya que los daños causados son “irreversibles al medio ambiente y a las comunidades locales. Todo ello vulnerando el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado”.
Particularmente, los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) y los pueblos de recién contacto “son los más vulnerables, pues la presión en sus territorios es cada vez mayor y no cuentan con recursos para defenderse”.
Líneas de trabajo y prioridades
Las 18 recomendaciones a los nueve países panamazónicos que se desprenden del informe, para Olea Ferreras “trazan una línea de trabajo y consiguientes prioridades en la incidencia internacional, regional y nacional para los próximos años a las organizaciones indígenas, y otros espacios y organizaciones de apoyo y colaboración”.
Asimismo, la adopción de medidas para garantizar la integridad de los defensores de derechos humanos, y sus comunidades, se suma a otros imperativos: garantizar la salud y la educación diferenciada e intercultural; priorizar los conocimientos ancestrales en la defensa del medio ambiente; asegurar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, por parte de las comunidades indígenas, frente a los planes de desarrollo y los proyectos de extracción de recursos naturales.
