Hoy, el diario La Razón publica en exclusiva el contenido de una carta fechada el pasado 18 de enero, en la que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, amenaza veladamente “con un conflicto jurídico y político” a la Santa Sede si no remueve “los obstáculos” para que la Abadía del Valle de los Caídos permita al Gobierno entrar en la basílica para exhumar los restos de Francisco Franco. En el documento, la carta reconoce que la Iglesia no se opone a esta acción, pero acusa los benedictinos de impedir la actuación “que es un mandato legal” amparándose en la ley de Memoria Histórica.
Con la publicación de este texto queda al descubierto la estrategia de presión del Gobierno para presionar a la Iglesia por todos los frentes posibles y que comenzó el pasado miércoles cuando Moncloa filtraba a los medios de comunicación un extracto de una carta dirigida al Ejecutivo socialista por parte del secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.
La tergiversada llamada al orden
En las líneas que el Ejecutivo socialista aireaba, se dejaba entrever una llamada al orden del Vaticano hacia el prior del Valle de los Caídos para acatar de inmediato la petición del Gobierno para exhumar los restos de Francisco Franco. Un día después, se conocía el contenido íntegro de la misiva en la que se constataba que el “primer ministro” vaticano, lejos de amonestar a la comunidad benedictina liderada por Santiago Cantera, ponía el foco en su escrito en quién tiene ahora en sus manos la decisión sobre los restos del dictador.
“La controversia, que ahora es objeto de un recurso ante el Tribunal Supremo, es competencia del Estado español y está sometido al Derecho y la Justicia española”, exponía el cardenal Parolin a la vicepresidenta. De hecho, el secretario de Estado subraya que “la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco, si la Autoridad competente así lo dispone”. Y, hoy por hoy, esa autoridad, más allá del Gobierno, es el Tribunal Supremo. Esta es por tanto la respuesta de la Santa Sede a la carta de Calvo que hoy publica La Razón y que cierra el círculo de la controversia desencadenada por Moncloa el pasado miércoles.
Con todo esto, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, dejaba caer ayer que oponerse al deseo de Pedro Sánchez supondría a la Iglesia “un daño reputacional como institución”. Un extremo, el de la resistencia al mandato legal, que nunca se ha contemplado ni en España ni en Roma, pues como han señalado en diversas ocasiones tanto el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y el cardenal arzobispo del Madrid, Carlos Osoro, la Iglesia siempre se ha mantenido al margen, solo ha instado a que cualquier decisión se tome en diálogo con la familia y ha manifestado que acataría cualquier medida, siempre y cuando fuera definitiva.
