Tribuna

Crisis en Ceuta: la politización de la precariedad y de los derechos humanos

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Estamos asistiendo al enésimo episodio de fricción diplomática con el vecino meridional. Las relaciones con Marruecos han constituido para España un problema permanente desde hace más de un siglo. La “relajación” de los controles fronterizos por parte de Marruecos en la zona de contacto con Ceuta ha propiciado la entrada en el territorio español de varios miles de personas, sin ningún tipo de garantías (legales, sanitarias y humanitarias) provocando un problema severo en diferentes ámbitos y, en definitiva, una dejación de funciones por parte del reino alauita en un aspecto soberano tan relevante para la seguridad internacional y para las buenas relaciones de vecindad con España como es el correcto control de las fronteras compartidas.



Varias son las consideraciones que se pueden realizar al respecto. En primer término hay que constatar la forma en la que la geopolítica y sus intereses se anteponen de una forma escandalosa sobre los derechos humanos básicos. El uso infame de la pobreza, de las condiciones de la población migrante por causas diversas y, en definitiva, de la propia vida para favorecer los intereses espurios de un régimen poco respetuoso en materia de derechos humanos, ya califica este tipo de actuaciones.

El Informe de Amnistía Internacional 2020-2021 resulta demoledor: el territorio del Sáhara Occidental y los campamentos del Frente Polisario son inaccesibles para las organizaciones de derechos humanos; las violaciones de la libertad de expresión, la represión de la disidencia, la violencia contra las mujeres, y la situación sanitaria en plena pandemia son tan solo alguna de las vulneraciones sostenidas en el tiempo por parte de Marruecos.

Ceuta migrantes

Un miembro del Ejército ayuda a un niño en uno de los espigones fronterizos de Ceuta este martes, tras el salto masivo de 5.000 migrantes, la mayoría menores. EFE/Reduan

Una segunda consideración tiene que aludir al estatus territorial de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y al Frente Polisario. El Sáhara Occidental y su situación actual deriva de una descolonización compleja y no culminada todavía. Fruto de la convulsión política española, que era la potencia colonial y metrópoli del territorio, en los momentos finales del régimen de Franco, Marruecos aprovechó el vacío temporal de poder para provocar la Marcha Verde y ganar posiciones sobre las reclamaciones de soberanía sobre el Sáhara.

A pesar de ser reconocido por Naciones Unidas como un territorio no autónomo, pendiente de un referéndum de autodeterminación, el control marroquí sobre la región se ha ido estrechando. Favorecido por la renuncia a las pretensiones de Mauritania y, aunque la RASD ha sido reconocida internacionalmente por más de 80 Estados, Marruecos ha contado con el apoyo reciente de la administración Trump para intercambiar alianzas estratégicas: el reconocimiento de Israel y el establecimiento de relaciones diplomáticas por parte de Marruecos, por el reconocimiento norteamericano de las aspiraciones soberanas de Marruecos sobre el Sáhara. Hay que recordar que esto último supone una flagrante violación de las resoluciones emanadas desde Naciones Unidas.

Tercera reflexión: la excusa para el comportamiento de Marruecos se vincula a la atención médica que se presta en España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Ello supondría una clara injerencia en asuntos internos y, por tanto, una violación de un principio estructural de la Carta de Naciones Unidas. El Frente Polisario está considerado como el Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo Saharaui y, por tanto, sujeto de Derecho internacional con derechos y obligaciones atribuidas. Esta acción actual por parte de Marruecos recuerda, salvando las distancias históricas, la toma de rehenes de la embajada norteamericana en Teherán en 1979 por parte de los estudiantes iraníes apoyados por Jomeini, con la excusa de la atención hospitalaria ofrecida en Estados Unidos al sha de Persia Reza Pahleví.

El Derecho internacional atribuye –a través de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960, conocida como la Carta Magna de la Descolonización– el derecho de autodeterminación para los pueblos en situación de dominio colonial, como es el caso del Sáhara.

¿Dónde está Europa?

Un cuarto comentario conecta cuestiones que, aunque obvias, merecen nuestra insistencia. Ceuta y Melilla pertenecen a la soberanía territorial de España y, por tanto, a su integridad territorial. No están en cuestión. Lo que sí es objeto de discusión es que, constituyendo la frontera sur de la Unión Europea, no estén recibiendo el apoyo oportuno desde hace tiempo. La organización regional y la agencia Frontex –entre otros mecanismos comunitarios– tienen evidentes desajustes.

La cuestión migratoria constituye uno de los desafíos –y de las lagunas– más importantes de la UE desde el inicio de la crisis de Siria. El SECA (Sistema Europeo Común de Asilo) ha fracasado desde su puesta en marcha. El Acuerdo entre Turquía y la UE para la deslocalización de los refugiados –fuera de las fronteras de la UE– está provocando numerosos conflictos (jurídicos, económicos, diplomáticos, políticos y de derechos humanos). En el caso que nos ocupa es muy probable que Marruecos pretenda obtener una rentabilidad similar por ejercer una contención parecida en su territorio sobre la ingente población que desde África, y como consecuencia de la migración económica, sanitaria o buscando refugio de los múltiples conflictos que asolan el continente, buscan utilizar las fisuras –voluntarias o involuntarias– ofrecidas por Rabat.

Como prematura reflexión cabría añadir que la posición estratégica de Marruecos, la alianza de intereses y desafíos comunes que la relación triangular entre Estados Unidos, Marruecos y España depara, o las crisis diplomáticas bilaterales que sacuden las relaciones de vecindad no debe de hacernos perder la perspectiva. Los principales perjudicados son las poblaciones más vulnerables: en este momento, el pueblo saharaui y la población migrante que está siendo utilizada como punta de lanza estratégica, convirtiendo a los derechos humanos esenciales como una herramienta de ‘hard power’.

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