La cultura del abuso y la reforma del derecho penal canónico

Según las estadísticas descriptivas para uso interno de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), entre 2012 y 2020 se registraron unos 6.000 casos de delitos cometidos por clérigos contra el sexto mandamiento del Decálogo. Si se consideran los dos últimos decenios, es decir, desde la aprobación en 2001 del ‘motu proprio’ titulado ‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’ (SST), estaríamos ante más de 9.000 casos denunciados ante este dicasterio romano. Son delitos cometidos en los últimos 60 años por alguno de los aproximadamente 466.000 sacerdotes y diáconos católicos que hay en todo el mundo: han sido denunciados, por tanto, el 0,3% del total de ordenados.

Atendiendo a grandes ámbitos culturales, el 33% de los clérigos denunciados en los últimos años ante la CDF son de países de lengua española, mientras que el 23% lo son de países de lengua inglesa, el 9% de lengua portuguesa y el 6% francesa. Debidamente corregidos con otros factores culturales, como el nivel de respeto de los derechos ciudadanos en una sociedad determinada o su reivindicación efectiva ante los tribunales, estos datos se corresponden con el porcentaje de los fieles católicos en un determinado país: se puede afirmar que la pederastia es un fenómeno globalizado.

Interpretaciones ideológicas

Si en el conjunto de la sociedad los abusos sexuales de menores suceden en un 80,8% en el círculo de confianza del niño o del adolescente, el 0,2% correspondería a los sacerdotes. La valoración de este dato objetivo está sujeta a interpretaciones demasiado ideológicas: se oscila entre considerarlo irrelevante por parte de aquellos que quieren defender la institución a toda costa, y el extremo contrario, la alarma social provocada de manera interesada. No se puede obviar, sin embargo, que, por ejemplo, en España hay 17.425 clérigos, es decir, el 0,1% de los casi 16 millones de ciudadanos varones entre 24 y 80 años. Esta cifra es aún más problemática ante la vocación de ejemplaridad social de los ministros de la Iglesia.

Se observa también una creciente sensibilidad hacia este fenómeno: en los últimos tiempos, más del 40% de las denuncias que llegan a la CDF son archivadas o se resuelven con medidas disciplinares no penales, por tratarse de simples imprudencias o comportamientos ambiguos, no verdaderos y propios delitos. Dicho dato habla del profundo impacto de tales abusos en nuestra vida eclesial.

Recientes sondeos de opinión muestran también caídas en picado de la credibilidad de la Iglesia a causa de los abusos. Uno de ellos, ‘Comprendiendo la crisis de la Iglesia en Chile’ –citando los estudios ‘Gallup’, para Estados Unidos, o el ‘Latinobarómetro’, para países del Cono Sur–, ha informado en 2020 que en aquel país la Iglesia católica ha pasado del 80% de aceptación en 1995 al 27% en 2020. Otros estudios señalan el desplome de la confianza en sus obras, particularmente en su propuesta educativa, o una creciente disidencia teológica y puesta en tela de juicio de la vigencia de algunos aspectos esenciales de la moral cristiana.

El caso de Alemania

En otros lugares, miles de fieles, escandalizados y desilusionados, abandonan la Iglesia o manifiestan una creciente indiferencia hacia el hecho religioso: de los 22,6 millones de católicos en Alemania, en 2019 solicitaron la defección de la Iglesia 273.000 de ellos (más del 1% del total, un 26% más que el año anterior). Aparentemente, a causa del peculiar sistema tributario alemán.

Sin embargo, cuando el pasado mes de junio el cardenal Marx presentó con gran clamor mediático su renuncia al Santo Padre, adujo su incapacidad de gestionar el “fracaso institucional y sistémico ante la crisis de los abusos sexuales”. El 10 de junio de 2021, el Papa respondió con prontitud al aún arzobispo de Munich-Freising: consternado por los 3.677 casos detectados en Alemania en los últimos 70 años, con 1.670 clérigos implicados (datos de un informe independiente encargado por la Conferencia Episcopal Alemana), Francisco rechazó la renuncia del cardenal y le animó a “exponerse a la crisis”, no sin dejar de reconocer la “catástrofe de la gestión de los abusos y la tremenda realidad del pecado”.

De la información recabada en la larga historia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, emergen lo que podríamos llamar oleadas de denuncias. Las primeras denuncias de ‘delicta graviora contra mores’ ante dicho dicasterio, una vez aprobada la nueva normativa que los regulaba (‘Sacramentorum Sanctitatis Tutela’ o SST), tuvieron lugar entre los años 2001 y 2003, provenientes sobre todo de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido (en los dos primeros años, se pasó de 0 a 700 anuales, para estabilizarse luego en torno a los 200 nuevos casos por año).

De Irlanda a Polonia

Hubo un segundo repunte en 2010, de 200 a casi 500 anuales, en su mayoría de Irlanda, Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Italia, España y Francia. El tercer gran incremento de casos se dio a partir de 2018, correspondiente a un considerable aumento de denuncias en Latinoamérica y algún otro país como Polonia (pasando de unos 600 a más de 1.000 anuales). Se prevén ulteriores oleadas de denuncias en los próximos años provenientes de países centroamericanos, África y algunos países asiáticos.

Son olas iniciadas con puntos de inflexión que terminan transformándose en ciclos de crisis de confianza en la Iglesia católica. Lo que al principio parecen ser solo apreciaciones subjetivas terminan siendo datos objetivos ampliamente documentados por diferentes encuestas de opinión pública.

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