A los 15 años de su primera ley contra el blanqueo de capitales, la Santa Sede reivindica los avances logrados pero pide someter de nuevo el sistema a examen ante riesgos “difícilmente imaginables” en 2010
Inteligencia artificial, activos virtuales, operaciones transfronterizas instantáneas y nuevas formas de delincuencia financiera. Quince años después de aprobar su primera legislación contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el Vaticano mira ya hacia los riesgos que marcarán la próxima década.
Lo ha hecho este martes Anthony Ekpo, asesor para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y presidente del Comité de Seguridad Financiera de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, durante una jornada internacional de estudio celebrada en la Universidad Luiss de Roma. El encuentro ha servido para analizar el camino recorrido desde 2010, pero Ekpo ha advertido de que “la mejor manera de honrar estos progresos no es simplemente celebrarlos, sino someterlos una vez más a un examen atento”.
“Los próximos 15 años traerán riesgos que en 2010 eran difícilmente imaginables”, ha señalado Ekpo. Entre ellos ha citado tecnologías financieras cada vez más complejas, transacciones internacionales instantáneas, operaciones relacionadas con activos virtuales, inteligencia artificial y nuevas modalidades de criminalidad económica.
“Necesitaremos sin duda leyes sólidas, pero también y sobre todo instituciones sólidas, una cooperación eficaz, capacidad de juicio profesional, competencias tecnológicas y una cultura de la responsabilidad”, ha aseverado.
Asimismo, Ekpo ha situado el origen del actual sistema vaticano en el 30 de diciembre de 2010, cuando se promulgó la primera normativa orgánica para prevenir y combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo en el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Aquel mismo día, Benedicto XVI extendió su aplicación a las instituciones afectadas de la Santa Sede y decidió incorporar al Vaticano al sistema internacional basado en la responsabilidad compartida y la rendición de cuentas mutua. Desde entonces, el marco jurídico e institucional se ha ido ampliando mediante sucesivas reformas en materia de prevención, supervisión, inteligencia financiera, coordinación y cooperación internacional.
El Vaticano ha quedado además sometido durante estos años a evaluaciones externas periódicas y a un diálogo constante con los organismos internacionales encargados de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Para Ekpo, detrás de estos mecanismos no existe únicamente una cuestión administrativa. La supervisión, la inteligencia financiera y la cooperación internacional sirven también para “proteger a las personas” y preservar la confianza en las instituciones.
El objetivo es garantizar que los recursos económicos sigan siendo lo que deben ser: “medios puestos al servicio de fines legítimos de las instituciones, de las personas y, en última instancia, del bien común”.
La exigencia resulta especialmente importante para la Santa Sede, que gestiona también donaciones y recursos destinados a fines caritativos. Esos fondos, ha explicado Ekpo, poseen un valor que va más allá del estrictamente económico porque llevan consigo una expectativa sobre su finalidad y sobre la forma en que serán administrados. “La integridad financiera es inseparable de la confianza en las instituciones”, ha resumido.
“Hoy, a distancia de quince años, se pueden reconocer muchos progresos”, ha afirmado. El marco normativo ha madurado, las instituciones han evolucionado y los mecanismos de supervisión y cooperación se han hecho más sofisticados. También ha destacado el desarrollo progresivo de “una cultura de la integridad financiera” gracias al trabajo de legisladores, organismos de regulación y supervisión, expertos en inteligencia financiera, fuerzas del orden, magistrados e instituciones.
La Santa Sede ha dado recientemente un nuevo paso con la aprobación por León XIV del nuevo Estatuto de la Autoridad de Supervisión e Información Financiera (ASIF).
En el quirógrafo firmado el pasado 25 de junio, el Papa reafirmó que “la transparencia, la integridad y la responsabilidad en el ámbito de las actividades económicas y financieras constituyen elementos imprescindibles de la buena administración y del servicio al bien común”.
