El estado de Massachusetts promulgó el pasado lunes 10 de agosto una nueva ley del aborto que permite interrumpir el embarazo más allá de las 24 semanas sin exigir criterios médicos precisos, dejando la decisión en manos del juicio del médico. Esta flexibilización legislativa ha provocado una profunda preocupación en la Iglesia estadounidense.
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Contra la dignidad humana
Paul Coakley, arzobispo de Oklahoma City y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), ha sido tajante al calificar la nueva norma de “una afrenta contra la dignidad humana”. Durante una entrevista recogida por La Croix, el arzobispo describió la medida como “chocante”. Además, Coakley advirtió que esta legislación constituye “un duro golpe para el movimiento provida y para todos aquellos que se preocupan por la dignidad y el carácter sagrado de la vida humana”.
La normativa, titulada “Ley para priorizar el acceso de los pacientes a la atención médica”, suprime las cuatro condiciones específicas que hasta ahora se requerían para practicar un aborto en una etapa tan avanzada de la gestación, como el peligro de muerte para la madre o anomalías fetales incompatibles con la vida. Al eliminar el límite máximo explícito, la ley permite que los abortos puedan realizarse hasta el término del embarazo basándose únicamente en el “juicio profesional” del médico ante situaciones médicas o diagnósticos complejos.
Gobernadora católica
La gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, quien públicamente se define como católica practicante, celebró la firma del documento rodeada de simpatizantes y proclamó en la red social X: “Mientras sea gobernadora, el aborto seguirá siendo seguro, legal y accesible en Massachusetts”. Healey ha defendido el texto como un “escudo” para blindar el acceso al aborto frente a posibles restricciones federales tras la anulación del fallo Roe v. Wade en 2022.
El abierto respaldo de la gobernadora a esta ley ha levantado una fuerte ola de oposición dentro de los círculos cristianos y provida. Kelsey Reinhardt, presidenta de la organización CatholicVote, dirigió una carta a los obispos de Massachusetts el 13 de agosto solicitando la excomunión de Healey por defender posturas frontalmente contrarias a la enseñanza de la Iglesia.
En la misma línea, el grupo provida LifeSite ha impulsado una petición con cerca de 20.000 firmas pidiendo a Richard Henning, arzobispo de Boston, que tome la misma medida disciplinar contra la política demócrata.
Los obispos de Massachusetts ya habían alzado la voz el pasado 29 de julio, denunciando el carácter “inmoral” de esta ley. La norma entrará en vigor el próximo 8 de noviembre, lo que convierte a Massachusetts en uno de los diez estados del país, junto con el Distrito de Columbia, que no imponen límites generales basados en la etapa de desarrollo del no nacido.
Arzobispo Paul Coakley. Foto: Archbishop Paul Coakley
