El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, ha aprovechado la celebración de las fiestas patronales de la capital salvadoreña el pasdo 6 de agosto para exigir el respeto a los derechos humanos de sus compatriotas, tanto dentro como fuera de las fronteras del país centroamericano.
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Durante la misa, el prelado se pronunció firmemente en contra del avance de la explotación minera y pidió un trato digno para los migrantes salvadoreños afincados en Estados Unidos.
Contra la minería
En su homilía frente a la catedral metropolitana, Escobar elevó una plegaria al Divino Salvador del Mundo para proteger a la nación y librarla de la “gravísima contaminación” y el “saqueo” que supondría la minería, buscando así el bien común. Asimismo, rogó para que las autoridades estadounidenses respeten la dignidad y los derechos de los migrantes, brindándoles el trato que merecen. Estas palabras se producen pocos días después del fallecimiento de Edwin López Cornejo, un migrante salvadoreño que perdió la vida el pasado 1 de agosto en un centro de detención de Nueva Jersey.
Sin embargo, el mensaje del arzobispo se vio contrastado por las protestas de los familiares de los presos, quienes se congregaron en la plaza durante la eucaristía al aire libre. Los manifestantes exigieron a Escobar que interceda por los salvadoreños encarcelados, que exija al Gobierno la liberación de personas inocentes, el fin de las torturas a los detenidos y la celebración de juicios justos en el marco del régimen de excepción.
El régimen de excepción
Samuel Ramírez, coordinador general del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), denunció ante el diario ‘La Prensa Gráfica’ que han solicitado audiencias con el obispo sin éxito y lamentó que el prelado mantenga todas las puertas cerradas para las víctimas. Desde finales de marzo de 2022, el Ejecutivo salvadoreño mantiene vigente un régimen de excepción que suspende diversas libertades civiles.
A pesar de que inicialmente se anunció con una duración de treinta días, los legisladores han prolongado la medida durante más de cuatro años, periodo en el que se ha capturado a más de 92.000 personas. Aunque gran parte de la población respalda estas políticas por la drástica reducción de la violencia de las pandillas, el miedo de la ciudadanía hacia las autoridades gubernamentales también ha experimentado un notable aumento.
En este sentido, organizaciones internacionales y grupos de derechos humanos, como la organización de carácter religioso Cristosal, han documentado graves abusos en los centros de detención, incluyendo torturas físicas y psicológicas que han derivado en muertes, y han criticado duramente la celebración de juicios masivos en los que se procesa a centenares de personas de forma simultánea.
Aunque Escobar no abordó de forma directa la situación de los presos ni la suspensión de derechos, sí lanzó reflexiones sobre el rumbo de la sociedad salvadoreña. Mientras soldados armados con fusiles patrullaban entre los fieles congregados en la Plaza Gerardo Barrios, el arzobispo cuestionó si se está construyendo una obra que escuche los temores de las familias y no imponga soluciones. Reivindicó la protección de los recursos naturales, la construcción de hospitales públicos de alta calidad y el impulso de proyectos orientados a las mayorías empobrecidas.
Finalmente, el prelado aplaudió que figuras influyentes y legisladores hayan frenado iniciativas como el aborto o la eutanasia, pero recalcó que resulta imprescindible luchar por un salario digno, el acceso a una cesta de la compra asequible para los más vulnerables, pensiones justas y la defensa íntegra del resto de los derechos humanos.
