Apunta la necesidad de que se genere un “marco jurídico y políticas de prevención y atención integral a esta lacerante realidad”
Pobladores desplazados en Chilapa. Foto: EFE
La Iglesia pidió al Estado mexicano “asuma la responsabilidad que le corresponde” y reconozca “sin eufemismos, la existencia de esta realidad del desplazamiento forzado, ocasionada por factores diversos en el país”.
Apuntó la necesidad de que se genere un “marco jurídico y políticas de prevención y atención integral a esta lacerante realidad”.
Dichos señalamientos fueron discutidos del 3 al 6 de agosto, en el marco del Primer encuentro de personas desplazadas y acompañantes de los pueblos originarios y afromexicanos, en condición de migración, celebrado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En el evento eclesial participaron integrantes de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, en sus Dimensiones de Pastoral de Movilidad Humana y de Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos, así como de la Pastoral Social y la Pastoral de Pueblos Originarios de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez.
El objetivo del encuentro fue “escuchar, visibilizar y compartir experiencias de acompañamiento a las comunidades afromexicanas y de pueblos originarios desplazadas por violencia y fenómenos climáticos, mediante un espacio de escucha y reflexión conjunta”.
La Iglesia aseveró que el desplazamiento forzado interno ha sido una realidad constante y dolorosa desde tiempos remotos en nuestro país; “las razones y los responsables han variado: invasiones coloniales, despojo de tierras comunales, construcción de grandes obras de infraestructura”.
Asimismo, dijo, el extractivismo de hidrocarburos y minerales, el agroextractivismo y control criminal; “pero los efectos son similares: se truncan los proyectos de vida de pueblos y comunidades”.
En esta ocasión, añadió, “nos ha interpelado de manera especial la situación de quienes han sido desplazados de manera forzada a causa de la violencia criminal que persiste en México”.
En ese sentido, la Iglesia manifestó que “la gobernanza criminal sobre nuestros territorios sigue forzando a los pueblos a huir. Infringe violencia, provoca división, obliga a distribuir y consumir drogas, así como a realizar actos ilícitos para beneficio de intereses criminales”.
Detalló que el crimen somete con amenazas, intimidación, extorsión, miedo, desaparición, trata de personas, asesinatos y masacres; “el reclutamiento forzado convierte a nuestros jóvenes y comunidades, hombres y mujeres, en carne de cañón y chivos expiatorios”.
Esto ocurre -dijo la Iglesia- “ante la ceguera, omisión y complicidad de quienes tienen mandato y obligación de proteger e impartir justicia, quienes mantienen la narrativa de una paz que se empeñan en proclamar mientras el dolor, el llanto, la ejecución, la cárcel y la muerte se cimbra”.
“Todas y todos somos guardianes de la tierra y el territorio, tenemos derecho tanto a quedarnos como a movernos sin ser agredidos y la responsabilidad de protegerla y defenderla del despojo y ecocidio. Nos mantendremos firmes a esta vocación en fidelidad a Dios”, acotó.
