Después de ocho años de controvertido mandato de Consuelo Porras, Gabriel García Luna es, desde el 17 de mayo, el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público de Guatemala. También se han renovado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad.
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Un nombramiento que ha sido bienvenido por una mayoría social, consciente de que el presidente, el progresista Bernardo Arévalo, sufrió fuertes presiones judiciales de Torres contra él y su partido, Semilla, para evitar su llegada al poder en 2024.
Sospechas de irregularidades
Las sospechas de irregularidades de la anterior fiscal general, muy vinculada a las fuerzas conservadoras y que ha recibido condenas de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, son tales que la primera decisión de García Luna ha sido crear una comisión especial para revisar uno a uno los expedientes de los “perseguidos políticos” por el poder judicial estos ocho años.
El contexto es de tal gravedad que la Conferencia Episcopal de Guatemala, que se ha reunido estos días en su Asamblea Plenaria, ha publicado un mensaje en el que invita a los nuevos cargos judiciales a “cumplir con honestidad, sabiduría y responsabilidad la misión que les ha sido encomendada”.
Consuelo Porras, en el centro, fiscal saliente de Guatemala. Foto: EFE
Y es que los obispos son conscientes de que deben actuar “alejados de intereses sectoriales o dejándose influir por grupos de presión”.
Ha provocado exilios y encarcelamientos
Tras haberse caído en un fuerte deterioro reputacional, “deben hacerse auténticos esfuerzos para construir un mejor sistema de justicia en Guatemala, que sea preservado de la manipulación y la inaceptable utilización de los procesos judiciales para buscar venganza contra los adversarios, lo que ha provocado exilio o encarcelamiento de algunos operadores de justicia, periodistas y líderes de los pueblos originarios”.
Un duro aldabonazo del Episcopado, que reitera que “es lamentable que algunos de estos órganos sigan siendo utilizados para provocar inestabilidad en la armonía social y la democracia de nuestro país”.
Días antes de este potente mensaje episcopal, ya había resonado con mucha fuerza el apoyo explícito de Eddy René Calvillo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala, a los cambios anunciados en el poder judicial.
En el primer aniversario de León XIV
Algo que hizo, precisamente, tras celebrar, el 8 de mayo en la catedral metropolitana, una eucaristía en el primer aniversario de la elección papal de León XIV. Misa a la que, simbólicamente, asistieron el presidente, Bernardo Arévalo, y varios miembros de su Gobierno.
A la salida, en una breve declaración ante los medios que recogió Diario de Centro América, el prelado ya adelantó un punto clave del documento colegiado, cuando demandó a los cargos electos actuar siempre con “honestidad”.
Además, el prelado les pidió actuar “con la mirada puesta en Dios para respetar plenamente la justicia, el derecho y la dignidad de las personas”.
“Injerencias” y “criminalización”, según la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha saludado el relevo en el poder judicial en Guatemala, valorando que, finalmente, se haya dado en el plazo previsto y conforme al ordenamiento constitucional. Algo que ha sido posible pese a darse “en un escenario marcado por injerencias indebidas y la persistencia de la criminalización”.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con Gabriel García Luna, nuevo fiscal general. Foto: EFE
De hecho, Consuelo Porras buscó hasta el final renovar por un tercer mandato. Lo que habría sido inédito, pues ya fue un precedente que hasta entonces nunca se había dado que un fiscal general enlazara dos mandatos consecutivos. Entonces, lo propició el presidente conservador Alejandro Giammattei (2020-2024), generando ya un alud de críticas.
Ahora, la CDIH cree que con Gabriel García Luna se abre “una oportunidad para fortalecer el Estado de Derecho mediante el restablecimiento de las garantías de independencia y autonomía”.
