La unidad de tramitación creada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha recibido, en apenas 15 días que lleva activo, 300 solicitudes de víctimas de pederastia en la Iglesia que han pedido la reparación ante el nuevo acuerdo consensuado entre Iglesia y Estado.
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Según adelanta Cadena Ser, en solo dos semanas, la cifra prácticamente duplica a la de víctimas que habían confiado en el plan PRIVA, puesto en marcha por la Iglesia en febrero del 2025, y que hasta el momento ha recibido 156 solicitudes de abusados.
Acuerdo de la Iglesia con el Estado
La Iglesia española firmaba el pasado Lunes Santo, con el Gobierno y el Defensor del Pueblo, la vía complementaria para aquellas víctimas de abusos cuyos casos han prescrito o sus victimarios han fallecido y que no quieren acceder al Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA).
Este protocolo -cuyo contenido ha estado negociándose estos últimos tres meses- establece la organización y funcionamiento del sistema de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica.
“En este sistema la colaboración de las instituciones será muy importante y el Defensor del Pueblo tendrá en cuenta aquellos casos ya reparados a través del PRIVA”, explicaban las instituciones en el momento de la firma, aclarando, así, que el Defensor del Pueblo no será un tribunal de apelación tras los acuerdos a los que la Iglesia llegue con las víctimas a través del PRIVA.
A día de hoy, la comisión asesora independiente del PRIVA ha emitido 83 dictámenes de reparación que asumen las congregaciones o diócesis. La cuantía acordada ya supera los dos millones de euros.
Félix Bolaños se reúne con las víctimas de abusos en la Iglesia. Foto: Ministerio de Justicia
¿Cómo va a ser la reparación?
El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas.
Las compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado y así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.
